El presidente Luis Arce, que hoy conmemora un año de su triunfo en las urnas junto al Movimiento Al Socialismo (MAS), tiene una semana conflictiva desde tres frentes, pero también se preparan festejos para esta fecha en la que sectores afines al partido en función de Gobierno destacan la inversión pública y la reactivación económica alcanzada.

En Santa Cruz, las entidades públicas preparan una fiesta popular en el obelisco del Plan Tres Mil, donde expresarán su agradecimiento al jefe de Estado por el trabajo y la estabilidad económica. Asimismo, reafirmarán su compromiso para seguir con el trabajo en favor del pueblo.

El 18 de octubre de 2020 se realizaron las Elecciones Generales y los resultados finales confirmaron la victoria de Arce, en primera vuelta, con el 55.10% de los votos.

El descontento social de algunos sectores creció en los últimos días y genera tensión.

El primero conflicto es por una ley que es considerada atentatoria contra la economía de los bolivianos por el control de sus ganancias.

Desde el Gobierno, niegan este extremo y acusan a la oposición por desinformar, sin embargo, esto no frena las movilizaciones que se organizan para esta semana, luego de un paro cívico, marchas y bloqueos en diferentes regiones del país que obligaron al retiro del proyecto de Ley 218 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales.

La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prado, destacó la medida asumida con el objetivo de evitar mayores conflictos.

Sin embargo, la tensión continúa. Ahora la lucha es por la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que está en vigencia desde el 16 de agosto.

Gremialistas del país confirmaron un paro general para este jueves con suspensión de actividades, cierre de fronteras en coordinación con el autotransporte y comités cívicos, entre otras organizaciones. Dieron un plazo de 72 horas, desde hoy, para abrogar dicha norma.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reiteró la invitación al diálogo a sectores que activaron un estado alerta y reiteró que un paro ocasionaría una pérdida económica para el país de $us 112 millones por día. Aseguró que con la ley se busca cuidar el flujo económico y no ingresar a la lista gris y negra de organismos internacionales referidos al lavado de dinero, que es altamente perjudicial para el Estado y su actividad económica comercial.

A su turno, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo advirtió que como gobierno nacional serán muy firmes para evitar que "grupos de poder y sus operadores políticos" paralicen y destruyan la economía nacional utilizando paros y bloqueo de caminos.

“Queremos decirles de manera franca y categórica: como Movimiento al Socialismo, como gobierno de la revolución democrática y cultural, somos un fuerte regimiento en el país, estamos en el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, estamos en nuestras organizaciones sociales y queremos decirles que como gobierno nacional vamos a ser muy firmes. En el marco del Estado de Derecho vamos a evitar por todos los medios que nuestro país sea azotado, paralizado y víctima de la destrucción económica de estos grupos de poder”, dijo al canal estatal Bolivia Tv.

OTRAS PROTESTAS

Para hoy se tiene prevista una protesta de los productores de hoja de coca de los Yungas que rechazan la legalización de un tercer mercado de la hoja milenaria de una facción dirigida por el dirigente considerado afín al MAS, Arnold Alanes.

El fin de semana se halló material explosivo en el hospital de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que se presume iba a ser utilizado en las movilizaciones de hoy.

También están los indígenas de tierras bajas y altas que se encuentra en Santa Cruz a la espera de la presencia de las máximas autoridades de Gobierno para buscar una solución a sus demandas.

Ayer, según reporte de Unitel, firmaron una alianza con el sector de los campesinos de los Yungas y preparan una nueva línea de acción.

Hace 37 días comenzó un movimiento (XI Marcha Indígena), a la cabeza de Marcial Fabricano, su principal líder, demandando respeto a su territorio, como parte de su agenda de 14 temas.

LA ECONOMÍA

Novillo, al referirse al año del triunfo electoral de Arce, destacó la lucha del “pueblo movilizado” tras la renuncia del expresidente Evo Morales y la anulación de las Elecciones Generales de 2019, en busca de un nuevo Gobierno que represente a las organizaciones, así como la consolidación de la gestión con la reactivación económica y la mejora de la inversión pública.

El Primer Mandatario también se refirió a su gestión en la reactivación económica, a través de sus redes sociales.

“La economía se reactiva de forma sostenible y el incremento de las recaudaciones tributarias lo demuestran. Solo el aporte tributario de la construcción y obras públicas creció más del 80% entre enero y septiembre de 2021 y llegó a Bs 948,3 millones”, escribió.

A su turno, el titular de Economía confirmó el crecimiento del primer trimestre del año en un 9.4% apuntalado por los sectores de minería, transporte, construcción hidrocarburos, consumo de electricidad, comercio y la industria manufacturera.

Destacó que Bolivia se encuentra en el tercer lugar en crecimiento económico en Sudamérica, detrás de Perú y Argentina.

Mencionó otros signos de la recuperación económica como el incremento en las importaciones, creación de empleos, construcción de viviendas, incremento de las recaudaciones, baja del desempleo y un repunte de las exportaciones.

También se refirió al incremento en la creación de nuevas empresas que pasó de 8.371 a 13.502, lo que representa una subida porcentual del 61% y las exportaciones que pasaron de $us 4.200 millones a $us 7.000 y el balance comercial que alcanza $us 1.360 millones.

Desde noviembre de 2020, el Gobierno implementó una serie de políticas y medidas económicas y sociales para reactivar la economía y el aparato productivo del país, que, asegura, se vieron afectados por las decisiones durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez y la pandemia de la COVID-19.