A modo de zanjar comparaciones con otros procesos censales, el presidente Luis Arce, develó la madrugada del sábado, en un discurso al país, que el censo de población y vivienda realizado durante el Gobierno de Evo Morales el 2012, no se hizo la actualización cartográfica, por lo que los organismos internacionales recomendaron realizar el censo en octubre de 2024.

“Cuando reiniciamos la planificación del censo después de perder un año y medio por la pandemia y el quiebre constitucional, el 21 de julio de 2021 mediante decreto supremo 4546 establecimos que el censo de población y vivienda se realizaría el 16 de noviembre de 2022 (…). Se realizaron tareas necesarias para avanzar en este sentido, pero en esta etapa  identificamos que en el censo ce 2012 no se hizo actualización cartográfica”, señaló.

En ese sentido, dijo que los organismos internacionales que acompañan el proceso censal en el país, recomendaron a Bolivia la realización del censo para octubre de 2024, cumpliendo todas las actividades con rigurosidad técnica en base a estándares internacionales.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero afirmó que el Gobierno de Morales hizo en diez meses el censo de población y vivienda, que incluyó la planificación, la ejecución y los resultados, además que empleó el tercio de presupuesto programado para el que pretende realizar la administración de Luis Arce, con 140 millones de dólares.

En un mensaje de casi 20 minutos, Arce señaló que el nuevo decreto fijará la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 (Día del Mar), y para septiembre del mismo año, un mes antes de lo previsto inicialmente, la nueva redistribución de los recursos de coparticipación tributaria.

De ese modo  “invocó” al retorno de la calma y la normalidad en el departamento Santa Cruz, donde se cumple un paro cívico de más de 20 días, marcado por la violencia.

En un mensaje a la nación, Arce hizo un repaso de todo el proceso de socialización y concertación técnica para definir la fecha del censo entre autoridades departamentales, municipales y de las 11 universidades públicas, con el acompañamiento de expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño Demográfico (Celade).

“Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos. En democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es toma de decisiones en beneficio de las mayorías”, afirmó.

En Santa Cruz, bajo el liderazgo del gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, además del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, mantienen un paro desde hace 22 días exigiendo el censo para el 2023 y que los recursos de coparticipación se distribuyan desde septiembre de 2024, como ahora lo definió el Gobierno.

La lucha cívica de Santa Cruz se sustentó en el argumento de que es el departamento que presentó mayor crecimiento poblacional en los últimos diez años, como producto de las oportunidades de trabajo y desarrollo para bolivianos del occidente, y que es necesario responder a necesidades de salud, educación y seguridad ciudadana en proporción de la demanda actual.

Los más de 20 días de paro se vieron empañados por situaciones de violencia extrema, alentadas en varias ocasiones por el partido de Gobierno, MAS, que a través de sus grupos de choque y sectores movilizados quisieron levantar a palos, pedradas, petardos y explosivos, el paro con ataques a la población civil. Pero también se atribuyó a la Unión Juvenil Cruceñista la quema de la sede de los campesinos y otros ataques selectivos.