La comisión de fiscales que investiga el presunto sobreprecio de unos dos millones de dólares en la compra de 170 respiradores para enfrentar la pandemia por el coronavirus COVID-19 determinó la aprehensión del cónsul de Bolivia en España, Alberto Pareja.

La toma de declaraciones se prolongó por varias horas y cerca de las 22:00 horas fue trasladado hasta dependencias policiales a la espera de su audiencia cautelar en la que se definirá si es detenido preventivamente en un penal de la ciudad de La Paz o se le aplica la detención domiciliaria. Su abogado, Luis Fernando Roca, dijo a Página Siete que su cliente es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Un día antes, el martes, la canciller Karen Longaric informó que Pareja le entregó un informe sobre este caso en el que negó su participación.

El representante diplomático fue identificado como quien revisó el cargamento de los equipos comprados en España y publicó una imagen en las redes sociales. También se lo relacionó con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas como hijo de su “mano derecha” Ruth Lozada, quien además es candidata de Juntos, y sobrino del presidente de la Aduana, Hugo Lozada. Fue designado por la presidente Jeanine Áñez el 10 de febrero.

Por este caso hay otras tres personas con detención preventiva. Dos altos funcionarios del Ministerio de Salud al igual que su extitular Marcelo Navajas, este último que por complicaciones en su salud fue trasladado a un centro médico. Poco después el supuesto “testigo clave” Fernando Humérez, vinculado al Movimiento Al Socialismo (MAS), también fue enviado a la cárcel ya que se identificó como intermediario en la compra.

El caso actualmente se encuentra en reserva, medida que podría ser levantada la próxima semana.

El martes, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que ya se tomó declaraciones a algunas personas por este caso, entre ellas el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, quien se encuentra en EEUU gestionando la adquisición de otros respiradores comprometidos por el gobierno del presidente Donald Trump. Lanchipa dijo también que dentro del proceso brindaron sus declaraciones informativas personas que viven en España.