Tres organizaciones de aportantes a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), que se encuentran en todo el país, vuelven a activar sus protestas y alistan un paro movilizado indefinido ante el retraso en la aprobación de la ley para la devolución de sus aportes.

En las redes sociales confiesan su situación económica y piden ayuda para salir adelante.

Está el Movimiento de Emergencia Nacional (MEN), con presencia en los 9 departamentos, la Asociación de Aportantes a las AFP (Asoafp), que se encuentra en el eje troncal; y Asociación de Representación de Aportantes. 

El diputado del MAS Anyelo Céspedes explicó que se quiere un debate de la norma en la plenaria para no afectar la economía de los bolivianos y del Estado. 

El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, hasta donde llegaron en el último año cerca de una decena de propuestas.

“Señor presidente Arce me encuentro delicada de salud, devuelva mis aportes así puedo hacerme curar”, escribió Janneth Fuertes.

“Tengo 42 años y necesito mi dinero de los aportes que hice durante 10 años porque no tengo trabajo y mis hijos necesitan comer”, continuó Miriam Fernández.

“Señores senadores y diputados necesitamos pan y medicinas”, agregó Juan Manuel Honor.

“Yo necesito mis aportes, tengo niños pequeños, falleció mi esposo, ayúdenme por favor”, relató Magdalena Peñaranda.

En el grupo Unidos por Nuestros Aportes, Yerko Orozco, uno de los representantes del grupo de movilizados recordó que en países como Perú y Chile se devolvieron los aportes porque miles de personas salieron a las calles para presionar hasta que se cumpla esto. 

“Hoy por hoy volveremos a las calles para pedir el 100% de nuestros aportes, es por eso que los insto a todos ustedes a pelear por lo que por derecho nos corresponde”, manifestó.

LA SITUACIÓN

Desde la Defensoría del Pueblo ven con preocupación esta situación. Llaman al Ejecutivo y al Legislativo a “definir medidas oportunas, razonables y proporcionales que garanticen su devolución”.

A esto se suma la recolección de más de 100.000 firmas en diferentes departamentos del país, en medio de protestas. 

Los aportantes toman como ejemplo lo que sucede en otros países de Latinoamérica. 

En Chile se aprobó el retiro de hasta el 10% de los aportes. A la fecha ya van tres retiros de este mismo porcentaje que representan entre Bs 8.804 y 37.330. 

En Perú, la devolución fue del 25%, es decir de entre Bs 4.000 y 6.000.

En la gestión de Jeanine Áñez, en 2020, el proyecto de ley que estaba más avanzado en cuanto a consensos fue el del senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, que planteaba el retiro voluntario y excepcional del total para quienes tienen hasta Bs 100.000 y los que tienen más de este monto un máximo de Bs 100.000.

Al 31 de agosto del 2020 había 2.410.715 aportantes en las AFP, según datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS). 

El Decreto Supremo 1888 y la Ley de Pensiones obligan a cumplir cierta edad y confisca los recursos del trabajador hasta su jubilación.

Solo se puede retirar los aportes al cumplir 58 años y sus pagos al Sistema de Pensiones no lleguen a 120 aportes; por enfermedad terminal e invalidez; y que tengan una cantidad insuficiente de aportes para obtener una renta de vejez.

En la pasada gestión, los legisladores analizaron tres maneras de recuperar estos recursos: la modificación de la norma referida a los aportes y la jubilación (Ley de pensiones); mediante ley; y con un decreto de inconstitucionalidad.

Este año, en el Senado, el jefe de bancada del MAS, Luis Adolfo Flores, expresó su predisposición de viabilizar ante las instancias pertinentes el tratamiento del proyecto de ley “alejado de todo interés particular y político”.