El Gobierno de Luis Arce, por Decreto Supremo 4419, dispuso dar de baja las multas emitidas contra conductores de vehículos que infringieron la Cuarentena Total que se declaró en marzo debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

Con esta medida, se pretende “coadyuvar a las familias bolivianas que debido a la desproporcionalidad de las sanciones y la falta de ingresos a causa de la COVID-19, no pudieron cubrir las multas hasta la fecha”.

Con el nuevo Decreto, el Gobierno elimina los registros de infracciones y multas emitidas en el marco de los Decretos 4199, de 21 de marzo de 2020, y 4200, de 25 de marzo, de la gestión de Jeanine Áñez.

“La Policía Boliviana procederá a la baja en los registros de infracciones y multas bajo su administración, de los vehículos cuyos conductores fueron sancionados sin necesidad de solicitud previa, correspondiendo el cese inmediato de toda restricción sobre el vehículo”, dice la norma.

Además, se considera que las sanciones son "exageradas" y “de imposible cumplimiento por las familias bolivianas en general”. 

El Decreto 4199 dispuso la cuarentena total desde el 22 de  marzo hasta el 4 de abril con suspensión de actividades públicas y privadas y multas de 500 bolivianos para quien infrinja las restricciones. 

Entre tanto, el Decreto 4200 reforzó y fortaleció las medidas en contra del contagio y la propagación desde las cero horas del 26 de marzo hasta el 15 de abril. Se estableció multas de 1.500 bolivianos para vehículos de dos ruedas y 2.000 para vehículos de cuatro ruedas. Este último representa el 85% del salario mínimo nacional.

En ambos casos, se incluyó el arresto de 8 horas y “sin perjuicio del inicio de la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público por la comisión de delitos contra la salud pública”.

En el nuevo Decreto, firmado por Luis Arce el 16 de diciembre, se señala que la multa es una restricción del patrimonio y el arresto una restricción a la libertad de locomoción, además que el secuestro del vehículo es una restricción al libre ejercicio de la propiedad del bien y al derecho al trabajo, en el caso de los vehículos particulares.

En la gestión de Arce, la Policía Boliviana informó sobre la existencia de multas pendientes de pago, por lo que se tomó la decisión.