Mediante una carta abierta, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se pronunciaron de forma conjunta para alertar sobre un posible atentado a la libertad de expresión, luego de que la jueza penal Sofía Camacho Almanza diera curso a la querella "por difamación y calumnia" que interpuso el abogado Jhasmani Torrico contra periodistas de 13 medios de comunicación.

Los comunicadores cubrieron la información del caso y brindaron detalles sobre la sentencia (6 años y seis meses) del abogado, que se hizo conocido mediante un video en el que se lo observa presionando a una persona a través de métodos cuestionables. Jhasmani fue condenado por delitos de secuestro y tortura.

En las pasadas horas, fue la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa (FSTPC) la institución que anticipó el análisis de posibles acciones para evitar la lesión al trabajo periodístico.

La ANPB se mostró preocupada por el proceder de la jueza penal Sofía Camacho Almanza, quien solicitó que 13 medios faciliten los nombres y apellidos de los periodistas que se ocuparon del seguimiento del caso. Le recordó que se encuentra en vigencia la Ley de Imprenta, misma que estipula que el Tribunal de Imprenta representa la jurisdicción especializada para resolver las problemáticas. "Además, tanto la Constitución Política del Estado como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José garantizan el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación", reza el comunicado.

"La aplicación de sanciones penales a los periodistas, además de ser desproporcionada, lesiona la libertad de expresión, porque podría inducir a la autocensura y a limitar la información, lo cual es perjudicial para una sociedad democrática que necesita una prensa libre e independiente que fiscalice el ejercicio del poder y fortalezca el debate amplio y plural", continúa.