La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los  principales medios impresos de Bolivia expresa profunda preocupación  por la sucesión de hechos de corrupción, de narcotráfico e impunidad que  están minando nuestras instituciones y valores humanos, como no había  sucedido en los últimos 36 años, y alerta que estas circunstancias  generan alto riesgo a las libertades de prensa y de expresión. 

Hechos que vulneran principios fundamentales como la transparencia  en las actuaciones de funcionarios, la insensibilidad de los  administradores de justicia frente a atroces crímenes y la actitud pasiva  de políticos sumidos en extravío cuando el país demanda respuestas,  generan alto grado de intranquilidad en todos los ámbitos. 

En este escenario, los responsables de administrar las instituciones  fundamentales han caído en el fácil argumento de atribuir  responsabilidad al trabajo periodístico que, en apego a sus principios  irrenunciables, cumple con la difícil misión de informar en condiciones  dificultosas por la falta de acceso pleno a fuentes noticiosas. 

Es inquietante observar que los recursos públicos pueden ser destinados a  dudosas compras, violentando requisitos mínimos, sin consideraciones  con los beneficiarios finales de servicios de salud, y menos con los  contribuyentes a quienes debe ofrecerse una oportuna información. 

Por el contrario, la respuesta ha sido una actitud autoritaria como la  expresada por un Gobernador que, empleando reprochables adjetivos contra la prensa, ha hecho expresión pública de burla ante sus propios  electores a los cuales debe muchas explicaciones. 

Sumado al anterior caso, otro Gobernador al que se responsabiliza de mal  uso de bienes públicos salió de una audiencia aplaudido y vitoreado al  lograr una sanción mínima cuando los ciudadanos esperan procesos y 

sanciones morales orientados a recuperar el valor y respeto a la función  pública. 

En el mismo sector judicial, se deja archivado un proceso por destrucción,  asalto e incendio de buses de una ciudad con escasos servicios de  transporte de calidad, y por el contrario se persigue al funcionario que organizó la valorada empresa municipal. 

Todo ello muestra un contrasentido con absoluta falta de equilibrio en las  decisiones de los jueces y fiscales. 

Han transcurrido 100 días del secuestro y tortura de un grupo de  ciudadanos, policías y periodistas en la provincia Guarayos del  departamento de Santa Cruz, y hasta la fecha la investigación permanece  inconclusa. 

Lo inquietante de este caso es que dos fiscales y tres investigadores  fueron cambiados a pedido de una de las partes interesadas en el  condenable hecho, los interculturales claramente vinculados al partido  gobernante. 

Hay una tendencia de debilitamiento de las instituciones democráticas y  un angustioso retroceso en el ejercicio de derechos constitucionales como  el derecho a la protesta, el acceso a la justicia y la falta de datos e  información de interés público sobre el trabajo que realizan los  funcionarios en distintos estamentos. 

Sin libertad de expresión, sin una prensa independiente de intereses  sectoriales y partidarios, todos los casos que anotamos aquí, a manera de  resumen, no serían de dominio público. 

Frente a la ausencia de administradores eficientes de justicia, sin  transparencia en la actuación de administradores de recursos públicos y  ante a la permanente hostilidad contra el trabajo de la prensa, la ANP  reitera su llamado a defender principios constitucionales y los tratados  internacionales en materia de Derechos Humanos.