Los diarios independientes bolivianos fueron víctimas de la ley contra el racismo, desde el año 2010, porque su contenido fue empleado para enjuiciar a tres medios escritos y desde su promulgación y hasta 2019, estuvo vigente un ciclo obligatorio para la publicación gratuita de avisos que generó millonarias pérdidas, denunció el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Jorge Carrasco.

El representante de los medios impresos entregó una declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que considera una propuesta gubernamental de incremento de la pena de cárcel para periodistas de cinco a siete años por la difusión de mensajes racistas y discriminatorios que lleva el rótulo de Ley/305 “Ley de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”.

La presidenta de la Comisión, Magaly Gómez, convocó a las organizaciones periodísticas a una “reunión de socialización” del proyecto en un trabajo guiado por el principio de “legislar escuchando al pueblo”.

“Hoy, estamos en condiciones de afirmar que los diarios independientes fueron las principales víctimas de una legislación que tenía la buena intención de erradicar actos de racismo y discriminación”, explicó Carrasco a los integrantes de la Comisión, y al ministro de Justicia, Iván Lima, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, que participaron de la reunión.

Relató que, en el año 2012, el rotativo centenario El Diario, el periódico Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF) fueron llevados a proceso judicial por una supuesta difusión de mensajes racistas.

Tras escuchar los argumentos de la ANP, y representantes de periodistas, el ministro de Justicia y la viceministra de Comunicación expresaron disposición a considerar los argumentos del sector periodístico y abrir espacios de diálogo sobre los temas expuestos.