Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 25 de junio de 2022
  • Actualizado 00:00

A dos años del caso respiradores, hay 8 imputados libres y el proceso estancado

Foto de archivo muestra uno de los respiradores que fue entregado por el Gobierno de Áñez. APG
Foto de archivo muestra uno de los respiradores que fue entregado por el Gobierno de Áñez. APG
A dos años del caso respiradores, hay 8 imputados libres y el proceso estancado

En medio del escándalo por la compra de respiradores para combatir la pandemia del COVID-19, en la gestión de Jeanine Áñez, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, era destituido el 20 de mayo de 2020 y luego capturado por la fuerza pública para su procesamiento. Fue acusado por un sobreprecio de más de tres millones de dólares.

Navajas, médico propietario de una clínica paceña con mayoría de asegurados de la embajada de EEUU, ejerció el cargo menos de dos meses, según ABI.

Los respiradores de la empresa GPA Innova, para unidades de cuidado intensivo, llegaron en un vuelo procedente de España y fueron distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio era exorbitante. Se autorizó la compra de 500 equipos, de los cuáles 170 llegaron al país, a través de varios intermediarios, y fueron adquiridos por casi 27.000 dólares cada uno cuando su precio de fábrica era de 7.194. Se pagó más de 4.7 millones de dólares.

Fueron los mismos profesionales médicos que observaron las deficiencias de los ventiladores pulmonares y aseguraron que no eran aptos para terapia intensiva sino solamente para la asistencia en emergencias y no así para los pacientes de COVID-19.

El modelo que adquirió Bolivia era básico, así que la empresa y los intermediarios ofrecieron cambiar las 170 unidades ya entregadas por el modelo apto para terapia intensiva, sin costo para el país. Esta oferta despertó más sospechas.

ACUSACIÓN

En enero de este año, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, que investigó el caso Respiradores Españoles, presentó la acusación formal contra ocho personas implicadas en la compra de los ventiladores pulmonares de la marca española Respira Device.

Entre los acusados, todos ellos libres, figuran el exministro de Salud, Marcelo Navajas; el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando V.; el exdirector Ejecutivo de la AISEM, Giovanni P.; la exencargada de Equipamiento de la AISEM, Ana E.; la exencargada de Adquisiciones, Gabriela P.; el excónsul de Bolivia en España, David P.; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS), Fernando A., y Fernando H., este último intermediario entre la empresa española y el Gobierno.

La acusación formal se sustenta en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales y pidió una condena de 10 años. Los delitos son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.