Exactamente a las 16:38 de ayer, la presidenta transitoria Jeanine Áñez promulgó la ley de elecciones que establece que los comicios generales se llevarán a cabo hasta el 18 de octubre de este año de manera indefectible.

Mientras esbozaba su rúbrica en el documento ante la mirada atenta de sus ministros y otros actores políticos citados en el Palacio de Gobierno, la exsenadora y candidata presidencial por la alianza Juntos firmó la “fecha de vencimiento” de su gestión, misma que comenzó el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales y los hechos de violencia suscitados en medio de los 21 días de bloqueos.

“Estamos reunidos para pacificar el país. Los bolivianos preferimos la democracia en lugar de la dictadura”. Volvió a insistir con la liberación de los fondos para cancelar el Bono Salud. “Mientras unos bloqueaban, el Gobierno insistía con alma, vida y corazón para que se libere el dinero para pagar el bono. Insisto, liberen el dinero”, exclamó en el Palacio, donde se citaron representantes de la Iglesia católica, personeros de la Unión Europea (UE) y miembros de su gabinete, entre otros.

La promulgación de la ley fue posible tres horas después de que la Cámara de Diputados sancionara la norma y de que el Senado remitiera la misma, al calor de más de un centenar de bloqueos, movilizaciones y huelgas de sectores sociales del país bajo exigencias con diferentes tonos. Algunos, pidiendo los comicios para el 11 de octubre, otros, con la bandera del respeto hacia la democracia y otros, con la petición de que Áñez renuncie al poder.

Pero el hecho no fue bien recibido por la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad, grupos de campesinos y autoconvocados, que pese a la promulgación de la ley advierten con distintas medidas.

La COB, a estas horas, analiza qué acciones tomar. Ayer, poco antes de que la Mandataria firmara la norma, dirigió una conferencia de prensa y rechazó por completo el acuerdo previo dado entre las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), agrupaciones que se citaron el miércoles en la tarde y acordaron la conciliación.

De hecho, la COB, que planteó las elecciones para el 11 de octubre, se sintió “decepcionada”. “Esta ley se redactó a espaldas del pueblo boliviano movilizado. El 18 de octubre es una fecha que no está en el corazón de cada boliviano.

Por ello, advirtió que analizará medidas con las bases. “Nos sentimos decepcionados por este acuerdo, que se hizo bajo la mesa entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Electoral. Los tres órganos confabularon a espaldas. Vamos a determinar el camino que se hará”, indicó Juan Carlos Huarachi, ejecutivo líder de la Central.

Uno de los puntos más preocupantes del documento para esta entidad es el artículo 2, que señala que el Ministerio Público podrá iniciar procesos penales a aquellos que pretendan cambiar la fecha. El dirigente entiende que, con eso, estará coartado el derecho a manifestarse.

Este organismo y el Pacto de Unidad analizarán qué medidas adoptar. Consultarán con sus bases.

Por su parte, y aunque el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, haya sido optimista con relación a la presunta disminución de puntos de bloqueo en el país, todo indica que las movilizaciones continuarán, con premisas distintas. Desde la COB insisten en que los comicios se realicen el 11 de octubre, mientras que agrupaciones campesinas, originarias y autoconvocadas mantienen la consigna: quieren que Áñez renuncie a su cargo.

Es el caso, por ejemplo, de las bases aymaras lideradas por Felipe Quispe, el Mallku, que avisaron sobre la continuidad de la premisa. Seguirán movilizadas. Por otro lado, en las redes sociales, circuló un video de jóvenes tarijeños que se encontraban en huelga de hambre exigiendo la renuncia de la Mandataria.

FIN DE UN CICLO La Presidenta asumió el poder el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis social y política desatada tras la renuncia de Evo Morales y los 21 días de paro y bloqueos llevados a cabo por sectores de la sociedad que manifestaron su rechazo hacia las presuntas irregularidades detectadas en las elecciones generales del 20 de octubre. La llegada de la beniana, de 53 años, al Palacio graficó también el arribo de una oposición fuertemente marcada contra el MAS. A entender de la analista Verónica Rocha, la Mandataria superó una primera etapa caracterizada por la misión de pacificar al país y la necesidad de devolverle la sensación de institucionalidad, luego de la convulsión. Cambió el panorama con la pandemia. A partir de allí, Áñez atravesó otra fase que puso en evidencia las debilidades de su gestión y su capacidad de coordinación. De ahí, la sensación de “desgobierno”, de acuerdo con los especialistas políticos.

La falta de políticas socioeconómicas que acompañaran a la cuarentena, la improvisación, los hechos de corrupción desatados en entidades estatales y la priorización de su candidatura son algunos de los aspectos que marcaron analistas como Rocha, Gabriel Villalba y Juan Clavijo.

La beniana mantiene su postulación presidencial por Juntos.