La expresidenta Jeanine Áñez está, una vez más, en la mirada del mundo por su pedido de ayuda a los organismos internacionales y su postulación al Premio Sájarov, en Europa, “por su labor en el ámbito de los derechos humanos”.

Se conoció que ayer envió con su hija, Carolina Ribera, que está en EEUU, una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que dice que posiblemente sus carceleros quieren que muera y, a veces, ella piensa que “es la mejor solución”.

En el manuscrito que fue difundido por El Deber, pide ayuda “por un país totalmente destruido judicialmente y con un Poder Judicial prostituido al gobierno de turno”. Además, expresa que, su condición de mujer y de política, “es casi una maldición en Bolivia” e invita a Almagro y la comunidad internacional para que lleguen a Bolivia a ver qué está pasando “con la justicia y presos políticos”.

Mientras espera una respuesta, una facción de reformistas y conservadores europarlamentarios oficializaron ayer la postulación de Áñez al premio que otorga el Parlamento Europeo en reconocimiento de la Libertad de Conciencia.

El legislador europeo Hermann Tertsch, que impulsó las gestiones para la nominación, dijo a Página Siete, que la postulación “es un éxito que pone en la mira al régimen de Luis Arce y ante los ojos de la comunidad internacional el trato inhumano” que se da a la exmandataria, “quien hizo una transición impecable, pero fue detenida y mantenida ilegalmente en la cárcel”.

En marzo, los ganadores de este reconocimiento, Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco de Cuba, y Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido (Fantu), postularon a la exmandataria “porque asumió la Presidencia de Bolivia en una situación crítica y evitó una posible guerra civil”, se informó entonces. Se suma que realizó una gestión de transición que garantizó unas elecciones transparentes en Bolivia.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. El reconocimiento fue concedido por primera vez en 1988 a expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela y Anatoli Marchenko.