Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 01 de diciembre de 2020
  • Actualizado 10:57

Comisión decide juicio a Áñez por Senkata y Huayllani; ella dice que es por pensar distinto

La presidenta transitoria se pronunció después de que el MAS anunció que la enjuiciará por el caso Senkata-Sacaba  y presunta asunción irregular al cargo en noviembre de 2019. Otros 10 ministros están en la lista.
La presidenta Jeanine Áñez en su posesión, en noviembre de 2019. ARCHIVO
La presidenta Jeanine Áñez en su posesión, en noviembre de 2019. ARCHIVO
Comisión decide juicio a Áñez por Senkata y Huayllani; ella dice que es por pensar distinto

La comisión de investigación que investiga la violencia y muertes en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), de noviembre de 2019, derivó en la sugerencia de una comisión legislativa de dos juicios de responsabilidades contra la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, de la agrupación Juntos, por delitos como genocidio, y procesos penales contra ministros, ex y actuales comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas. 

Ante el anuncio, la presidenta Áñez manifestó que el Movimiento Al Socialismo, MAS, vuelve a enjuiciar a "los que piensan distinto”, por lo cual le recordó que en democracia el gobierno se debe ajustar a la ley y respetar la libertad. 

EN LA MIRA

La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga las muertes en Sentkata y Sacaba, durante los conflictos poselectorales de 2019, determinó este lunes la apertura de un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Añez y un proceso ordinario en contra de 10 ministros de Estado por la salida de las Fuerzas Armadas para controlar el conflicto social poselectoral que se desató en el país en 2019. Esta decisión debe ser considerada por el pleno de la Asamblea para el inicio de las causas.
El diputado Víctor Borda (MAS) informó que esta instancia legislativa concluyó su trabajo la tarde de este lunes. “La comisión ha determinado juicio de responsabilidades contra la presidenta del Estado Plurinacional, señora Jeanine Añez, por lo delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas y asociación delictuosa (además de) juicios ordinarios a los ministros Karen Longaric, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis Fernando López, José Luis Parada, Arturo Rodrigo Guzmán Callo, Roxana Lizárraga, Yerko Núñez, María Pinkert y Mauricio Ordoñez”, declaró.
Tras conocer esta determinación, Añez escribió en su cuenta de Twitter: “El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”.
Durante los conflictos poselectorales de 2019, a raíz de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia por denuncias de fraude electoral, en noviembre, se registraron hechos violentos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). En ambas regiones las fuerzas combinadas del orden, entre policías y militares, reprimieron las manifestaciones de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) con el saldo de unos 27 civiles fallecidos. Por ambos hechos, la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría de votos del MAS, conformó una comisión mixta para investigar esas acciones.
Borda acotó, al sitio Brujuladigital, que la comisión legislativa también determinó el inicio de juicios ordinarios en contra de los excomandantes de la Policía y del Ejército, además de los actuales comandante de la Policía, general Rodolfo Montero, y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana.
Este informe fue rechazado por el diputado Amílcar Barral, de Unidad Demócrata (UD), quien anunció que entregará un informe en minoría, de unas 200 páginas, para denunciar irregularidades que se cometieron en esta comisión legislativa que investigó los hechos violentos de 2019.
“Hemos convocado, para que declare incluso de manera virtual, a (el exministro de Gobierno) Carlos Romero, lo hemos convocado a Evo Morales, a (el general) Williams Kalimán y, supuestamente, no les encontraban, cuando ellos estaban supuestamente con detención domiciliaria”, dijo Barral.
También cuestionó el accionar de asambleístas del MAS, debido a que no consideraron la magnitud del conflicto social que se vivió en 2019. “Dicen ¿por qué han sacado a las Fuerzas Armadas?, cuando la gente estaba en las esquinas porque había maleantes que estaban robando y quemando casas. Entonces ¿qué tenía que hacer el gobierno? ¿Quedarse de manos cruzadas porque estaba rebasada la Policía?. Por ese decreto nos están metiendo el tema del juicio de responsabilidades y procesos penales”, cuestionó.
Borda informó que esta comisión, en su investigación, recabó unos 10.000 documentos, entre ellos informes sobre levantamientos de cadáveres, informes médicos forenses y de balística. Agregó que se tomó cerca de 250 declaraciones a heridos, familiares de fallecidos, testigos, excomandantes de la Policía y del Ejército, entre otros.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, también expresó su posición, en sentido de no dejar impunes las acciones violentas del año pasado. "Nos robaron una elección y se debe investigar porque no pueden quedar en la impunidad los hechos de Sacaba y Senkata… no puede quedar en la impunidad la persecución política y judicial a los dirigentes del MAS; tampoco la quema de casas de asambleístas; y el secuestro de familiares. La Fiscalía debe actuar con celeridad para dar con los responsables y resarcir estos daños", declaró a los periodistas.

Durante las trágicas jornadas de noviembre de 2019 perdieron la vida 20 personas por impactos de bala en Sacaba (Cochabamba), y Senkata, El Alto de La Paz. En ambos hechos actuaron fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, bajo en un decreto que eximía de responsabilidad penal por los hechos que deriven de las operaciones para restablecer el orden.

Por ese decreto 4078 se sugirió un juicio de responsabilidades contra Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Ante la presión nacional e internacional, esa norma fue anulada. Por este mismo caso se planteó un juicio penal contra los ministros que lo grabaron.