El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que se presentó al Ministerio Público la denuncia contra la exsenadora Jeanine Áñez por haber cometido siete delitos a momento de tomar la Presidencia del Senado, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la Presidencia del Estado.

Los delitos identificados son: sedición, conspiración, atribución de los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes; anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes.

“He presentado esta denuncia de manera formal contra la señora Jeanine Áñez en razón de los actos cometidos, por la denunciada, los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019. La denuncia se presentó hace una semana atrás mediante la ventanilla de la Fiscalía de La Paz por los delitos ya mencionados de acuerdo al Código Penal boliviano”, dijo Rodríguez, en conferencia de prensa.

La autoridad legislativa señaló que en el artículo 169 de la Constitución se establece los procedimientos legales para una sucesión constitucional y que en ningún momento advierte que un miembro de la Directiva de la Cámara de Senadores puede tomarse esa atribución.

Además, indicó que el Reglamento General de esa instancia legislativa especifica cuáles son las funciones de los miembros de la Directiva Camaral y en el caso particular de Áñez, como segunda vicepresidenta en ausencia del presidente del Senado y primer vicepresidente, podía reemplazar de forma temporal con el único objetivo de conformar una nueva directiva.

“El mismo Reglamento prevé que la Presidencia del Senado, Primera Vicepresidencia, Primera Secretaría y Tercera Secretaría le corresponden al bloque político mayoritario; la Segunda Vicepresidencia y Segunda Secretaría al bloque minoritario. Lo que nos permite concluir que, en ninguna circunstancia, en ningún escenario pudo haberse arrogado, la señora Áñez, la Presidencia del Senado”, precisó.

Ratificó que los delitos por los cuales se acusa a Áñez están enmarcados en las normas bolivianas y respaldadas en más de 99 fojas, y otra documentación, mismas que deberán ser valoradas por el Ministerio Público.

“Pedimos al Ministerio Público, en cumplimiento a sus atribuciones de acuerdo a la Constitución Política del Estado, proceda a iniciar y concluir las investigaciones que están en sus manos de acuerdo a los plazos previstos por las leyes especializadas en nuestro país y dando a conocer al pueblo boliviano por este origen del procedimiento irregular, ilegal que se ha consolidado en noviembre de 2019”, complementó.