La organización Amnistía Internacional emitió el viernes un informe respecto al conflicto de 2019 en Bolivia. En el mismo advirtió que persiste la impunidad respecto a violaciones de derechos humanos y, además, expresó su preocupación por la retórica del anterior y al presente Gobierno y el hostigamiento a políticos opositores, por lo cual llamó a los candidatos actuales a abstenerse de esas prácticas.

El informe concluye que “durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas; ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”.

El texto señala que esos hechos siguen impunes y a que a eso se suma que “Bolivia tiene una lamentable historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los gobiernos militares, los de octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24 de Mayo de 2008.

La organización señaló que en el país existe una “histórica pandemia de impunidad” y que se requiere medidas urgentes para sanarla.

Amnistía Internacional hizo referencia a los hechos de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, advirtiendo que hubo un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, pero también dio cuenta de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos, como el caso de Waldo Albarracín, quien fue blanco de un ataque contra su integridad física y cuya casa fue incendiada por una turba el día de la renuncia del expresidente Evo Morales.

Señaló que, en esos hechos, como el ataque a la casa de Albarracín, las investigaciones no han avanzado y el Estado no ha brindado la protección adecuada para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su legítima labor.

LA RETÓRICA DE LOS GOBIERNOS

Además, Amnistía Internacional señaló que le preocupa la retórica contra los derechos humanos en Bolivia.

Recordó que, en momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban.

Asimismo, observó que “el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’”.

“Tal hostigamiento limita de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de salud. Esto puede ser también percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenazan o censuran opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad”, alertó.

RECOMENDACIONES A CANDIDATOS

En ese marco, Amnistía internacional emitió 20 recomendaciones a los candidatos, para que se comprometan respecto a los derechos humanos.

1. Garantizar una pronta instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (conformado por la CIDH), así como el pleno acceso a la información y coadyuvancia en las investigaciones penales por los hechos de violencia y posibles violaciones de derechos humanos, de acuerdo con su mandato;

2. Abstenerse de emitir pronunciamientos que afecten la independencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la legitimidad de sus integrantes, así como de su equipo técnico;

3. Adoptar medidas para asegurar una investigación diligente, independiente e imparcial y abstenerse de impedir el juzgamiento y sanción de las personas que sean halladas responsables de las violaciones de derechos humanos y de los actos de violencia cometidos durante la crisis postelectoral, según corresponda.

4. Adoptar medidas para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los hechos de Sacaba y Senkata.

5. Retirar a las fuerzas militares de las operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas.

6. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de la violencia postelectoral y sus familias.

7. Respetar la independencia judicial y abstenerse de hostigar a opositores políticos o a personas percibidas como tales, ya sea a través de disposiciones legales generales o relacionadas con el COVID-19, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones.

8. Abstenerse de adoptar medidas de cualquier tipo que limiten indebidamente el derecho a la libertad de expresión.

9. Adoptar medidas para revisar los procesos penales y condenas basados en los Decretos 4199, 4200 y 4231.

10. Reconocer públicamente la labor legítima de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

11. Fomentar un entorno en el que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan realizar libremente su legítima labor de defensa de los derechos humanos.

12. Abstenerse de amenazar y atacar a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que se muestren críticas con las políticas y opiniones del gobierno.

13. Revisar la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597 para garantizar que los requisitos legales que se exigen a las ONG y a las entidades sin ánimo de lucro no obstaculicen su independencia ni su capacidad de desempeñar su labor legítima.

14. Adoptar medidas para asegurar una investigación diligente de las amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente contra Waldo Albarracin y su familia.

15. Garantizar la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo de forma que cuente con las herramientas para cumplir con su labor de manera efectiva y libre de interferencias.

16. Adoptar medidas para garantizar el trabajo de los periodistas, comunicadores sociales y abstenerse de declaraciones amenazantes que promuevan un clima de miedo y censura.

17. Reconocer públicamente que hechos de corrupción pueden afectar y obstaculizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y comprometerse con su investigación y sanción según corresponda con pleno respeto de las garantías del debido proceso.

18. Garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos Indígenas sobre los proyectos que puedan afectarles, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

19. Diseñar e implementar una política de salud pública integral para proteger a los pueblos Indígenas del COVID-19 incluyendo a aquellos pueblos en situación de aislamiento voluntario y no contacto, proveer información diferenciada y detallada y plena participación de los pueblos Indígenas en cuestiones relacionadas con su salud.

20. Prevenir y no promover actos de estigmatización, discriminación y racismo contra los pueblos Indígenas.