El edificio que ardió en llamas la noche del lunes y fue sofocado antes de la medianoche, suma 11 procesos administrativos de fiscalización desde 2016 hasta ahora y sería ilegal, según información de la Alcaldía de La Paz. Por su parte, el propietario indicó que "ha habido" un atentado. 

“Este predio no cuenta con la autorización respectiva, este predio que ha sido construido fue emplazado en más de 12 pisos. Desde la gestión 2016 ha sufrido 11 procesos administrativos de fiscalización, de los cuales nueve corresponden a la anterior gestión edil y dos nos corresponden. En la gestión 2016 ya se inició un proceso de fiscalización por construcción sin planos aprobados, esto quiere decir que no podía realizar ninguna construcción”, informó el subalcalde Centro, Jimmy Osorio.

En conferencia de prensa, Osorio detalló que de los 11 procesos administrativos de fiscalización, nueve se ejecutaron durante la gestión el exalcalde Luis Revilla y dos corresponden a la gestión del alcalde Iván Arias.

Osorio precisó que en esta gestión ya se iniciaron dos procesos al dueño del edificio, uno por no contar con permiso de construcción y el segundo por daño patrimonial. “En el caso del daño patrimonial, esta instancia corresponde a otra normativa vigente. En ese caso lo que corresponde es la reposición del puente en el que había una línea férrea que fue declarada como patrimonio. Si bien no está afectado hay un cierre que tiene esta infraestructura patrimonial por lo que también se ha realizado y está en cursos un proceso administrativo de fiscalización”, dijo.

Osorio añadió que una vez que culminen los dos procesos de fiscalización, se determinará qué medidas asumirá la Alcaldía.  Confirmó que, pese a la deuda de más de dos millones que tiene por multas, el dueño del edificio no solicitó adscribirse a la Ley 467 para regularizar su construcción ilegal.

El propietario del edificio incendiado también tiene una deuda de dos millones de bolivianos en multas a la Alcaldía de La Paz, generadas por 11 procesos de fiscalización incumplidos desde 2016.

Precisó que en ningún momento la construcción debería pasar el primer piso porque el propietario nunca obtuvo permiso de construcción y la aprobación de planos. “Es decir que esta construcción está fuera de toda norma y se lo ha notificado varias veces, pero como los stikers que se ponen pegados en la puerta y los precintos que se hacen son de plástico, el propietario seguramente los ha roto y ha seguido construyendo”, señaló Osorio.

PROPIETARIO

“De que aquí ha habido un atentado, sí, ha habido un atentado”. Así el socio mayoritario del proyecto Mall Gran Vía, Eynar Vizcarra, expresó sus sospecha de que el incendio del lunes por la noche haya sido provocado.

Como argumentos, manifestó que los obreros no trabajan más allá de las cinco de la tarde y que las instalaciones eléctricas están en un sector diferente a donde se generó el incendio.

“Esto no es un petardo, no es el tema del tema eléctrico”, afirmó Vizcarra. “Nosotros vamos a hacer una denuncia en la FELCC contra los autores, porque esto no se va a quedar así. Han atentado contra la inversión de todo mi gremio, de todo mi sector”, agregó.

Explicó que se trata de un proyecto de la Asociación de Comerciantes Nueva Alianza, la cual ya realizó otra inversión similar en la ciudad de El Alto.

Otras de las asociadas, Lucía Salazar, detalló que el proyecto del Mall es de 37 millones de dólares y que involucra financiamiento bancario. También expresó su sospecha de que el incendio haya sido provocado.

Vizcarra señaló que el mall es un proyecto de 14 pisos con escaleras mecánicas, tres sótanos de parqueo, además de patio de comidas. Expresó que la intención era inaugurarlo para el 20 de octubre, por el aniversario de la fundación de La Paz, pero seguramente tendrá otro retraso.    

Ante las versiones que hablan de una demolición, el propietario manifestó que la construcción tiene que continuar, porque es una inversión de varios asociados.

Si bien la Alcaldía de La Paz sostiene que es una construcción ilegal que tiene sanciones, los asociados argumentaron que no existe una norma específica sobre este tipo de centros comerciales y cuestionaron la figura normativa que pretende aplicar el Gobierno Municipal en este caso.

El propietario aseveró que la construcción comenzó en 2014, junto a la presidenta del Concejo Municipal de entonces. Afirmó que por ocho meses tramitó el informe para una obra oficial, por lo cual no puede decir que no hizo caso a las autoridades.

“Hemos tramitado, hemos cumplido”, dijo a tiempo de señalar que en 2018 se ratificó el informe de 2014. Pidió aclarar las cosas, porque se perjudica a más de 100 asociados, que pusieron su capital y que soportaron el rezago de la pandemia.