Aministía Internacional (AI) emitió un comunicado en el que insta al Gobierno transitorio boliviano dejar de "amenazar y hostigar" a sus opositores políticos y también garantizar y respetar la independencia judicial en el país.

El comunicado de AI llega a raíz de la polémica aprehensión, y posterior liberación, del juez Hugo Huacani, minutos antes de que cautelara a los aprehendidos por el polémico caso de sobreprecio en la compra de 170 respiradores españoles. Este hecho también había sido rechazado por la ONU y la CIDH.

"Amnistía Internacional considera que la detención del juez Huacani fue arbitraria por estar fundada en el mero desacuerdo de autoridades gubernamentales con una decisión judicial. Además, dicha detención y la acusación hecha por el ministerio de Gobierno podrían afectar la independencia del proceso judicial que permitiría esclarecer las responsabilidades penales por el presunto uso indebido de recursos destinados a garantizar la vida y la salud de pacientes en necesidad de cuidados intensivos en el contexto de la pandemia de Covid-19", señala el comunicado de Aministía Internacional.

Huacani fue aprehendido por estar denunciado por el presunto delito de prevaricato. En el medio, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia deslindaron responsabilidad del hecho y fue el Ministerio de Gobierno el que reconoció haber ordenado su detención por estar en desacuerdo con la decisión del juez de cesar la prisión preventiva de otra persona, procesada en un caso de terrorismo que se sigue contra el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El juez fue liberado casi 24 horas después y finalmente desarrolló la audiencia cautelar de los implicados en el polémico caso 'respiradores'.

"La Fiscalía General del Estado debe realizar una investigación pronta, imparcial e independiente sobre la detención del juez Huacani y llevar a las personas sospechosas de responsabilidad penal ante la justicia", señala la mencionada institución internacional.

Por otro lado, Amnistía Internacional también hace referencia a las palabras del ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, quien la pasada semana amenazó con procesar y hasta encarcelar a legisladores por no ratificar los ascensos en las Fuerzas Armadas.

"Estos hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos o a personas percibidas como tales, se suman a otros que Amnistía Internacional ha denunciado con preocupación, como amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual contra líderes políticos acusados de "desinformar" y contra periodistas acusados de "sedición", la detención de "67 actores políticos" acusados de participar en "movimientos de desestabilización y de desinformación" y de hacer "guerra virtual" contra el gobierno", señala el comunicado de AI.

En ese sentido, Amnistía Internacional revela que el pasado 26 de mayo recibió una respuesta del Gobierno boliviano, a través del viceministro Manuel Suárez Ávila, en el que se le califica de "tendenciosa".

"En respuesta a estas preocupaciones, el 26 de mayo de 2020, Amnistía Internacional recibió una carta pública del Gobierno boliviano, firmada por el embajador Manuel Suárez Ávila, viceministro de Relaciones Exteriores. En dicha carta, el viceministro acusa a Amnistía Internacional de "tendenciosa" y de desconocer la coyuntura y la normativa boliviana y asegura que las garantías del debido proceso fueron respetadas para las 67 personas detenidas y procesadas por "delitos contra la salud pública". Sin embargo, el viceministro no proveyó el resto de la información solicitada por la organización", señala.

AI agrega, en esa línea, que "el ambiente de hostigamiento y amenaza a personas opositoras políticas o percibidas como tales es preocupante"

"Tal hostigamiento podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud. Esto puede ser percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenacen o censuren opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad", añade.

Ante ello, Amnistía Internacional "hace un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno a respetar la independencia judicial y abstenerse de hostigar a opositores políticos o a personas percibidas como tales, ya sea a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones", finaliza el documento.