Tras la difusión de un video en el que se ve a militares bolivianos anunciando un compromiso para dejar de decomisar vehículos chutos en una población de La Paz, la Aduana Nacional denunció que los uniformados fueron víctimas de un secuestro, que fueron extorsionados y obligados a firmar un papal que no tiene validez ni legitimidad.

El periódico digital Urgente.bo difundió el video en su sitio web y en redes sociales sobre el supuesto “pacto” al que tuvieron que llegar los militares.

En el video “se ve a técnicos aduaneros leyendo un acta de acuerdo, rodeados de comunarios de la localidad de Calamarca en La Paz, para evitar el comiso de vehículos indocumentados, la Aduana Nacional informó que los funcionarios (civiles) fueron secuestrados, extorsionados y obligados a firmar dicha acta, bajo amenazas de atentar contra sus vidas, por lo que el documento carece de legitimidad”, dice el comunicado.

El hecho ocurrió el pasado domingo 5 de febrero a mediodía, cuando técnicos del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA) detectaron un vehículo indocumentado en zonas aledañas a la comunidad de Calamarca.

Mientras se hacía la requisa aparecieron comunarios del lugar que rodearon a los aduaneros secuestrándolos y evitando el comiso de la movilidad, relató el Gerente Regional de La Paz, Antonio Martínez.

Los técnicos fueron extorsionados y obligados bajo amenaza a firmar un acta en la cual comprometen a la Aduana a no realizar controles ni comisos de vehículos en esta zona.

“Con tal de salvaguardar sus vidas, los seis GRIA firmaron el acuerdo y lo leyeron ante la gente que se encontraba rodeándolos y que minutos antes los habían golpeado. Dejando como resultado una lesión traumática en la frente de uno de los técnicos aduaneros, el cual tuvo que recibir 7 puntos de sutura, mientras que otro tuvo contusiones en la espalda y la rodilla”, precisa la institución que lucha contra el contrabando.

La oficina regional de Aduana precisa que el “acta de compromiso firmada y leída por el personal de Aduana, no tiene validez legal toda vez que fue realizada bajo presión y violencia, por lo que la Aduana Nacional continuará realizando los controles y comisos de acuerdo a sus atribuciones”.

 “No se puede tratar de distorsionar la norma y modificar la ley”, afirmó Martínez.

Esta es una más de las agresiones que sufren los funcionarios aduaneros en el cumplimiento de su deber, arriesgando sus vidas en la lucha contra el contrabando, a fin de proteger la economía e industria nacional.