Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 21 de octubre de 2021
  • Actualizado 07:57

LA HISTORIA RECUERDA MUERTOS, CÁRCEL Y DISPUTA

Adepcoca: sector contestatario, 2 intereses y una crisis “en llamas”

Cuatro expertos ven tintes políticos y económicos. Para Fernando Salazar, el accionar de la Policía no resta imagen internacional al Gobierno porque se cobija en la erradicación.
El Módulo Policial de Minasa, en llamas.       APG
El Módulo Policial de Minasa, en llamas. APG
Adepcoca: sector contestatario, 2 intereses y una crisis “en llamas”

Cuatro días de violencia, alrededor de 50 productores de coca detenidos, el Módulo Policial de Minasa, de La Paz, destruido, cinco vehículos del verde olivo quemados, más de una quincena de heridos, la coexistencia de tres frentes que pugnan por el poder del mercado de la hoja de coca de Los Yungas, y la zona de Villa Fátima devenida en el epicentro de choques entre cocaleros yungueños y la Policía.

Estos son solo algunos números que hacen parte del último capítulo concerniente a un conflicto que no es de data reciente y que, en su historia, ha contado con muerte, cárcel, personas que se asumieron como “presas políticas” y la dificultad de los gobiernos de lidiar con la problemática.

La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) es el objeto de análisis de cuatro expertos en política que coinciden, esencialmente, en un punto: la disputa tiene un fuerte fondo político y económico.

El analista Gabriel Villalba contextualiza que el mercado nacional se encuentra repartido entre el Trópico de Cochabamba y el que ostentan los paceños, en Villa Fátima.

“Adepcoca fue, desde hace años, sujeto a disputas económicas y políticas porque detenta el monopolio de la comercialización local. El conflicto actual se debe entender a partir de la disputa por ese poder económico y político de dos dirigentes como Alanes (Arnold) y Lluta (Armin), personajes que desataron la violencia”, señala.

El docente investigador Fernando Salazar comprende que la pugna tiene un trasfondo económico “por el monopolio del cultivo de coca excedentaria, por ende, por el control del abastecimiento o relación de una economía subterránea ilegal”. Resalta que el sector de Los Yungas es el de mayor producción de la hoja en términos legales.

“Es ese monopolio de control de mercado, la presencia directa y cooptación de las organizaciones de Los Yungas, que siempre fueron independientes del Trópico. Incluso cuando hicieron intentos de unificación de ambas coordinadoras, jamás existió entendimiento porque decían que lo único que querían los chapareños era erradicarles la coca”, señala.

El politólogo Marcelo Arequipa entiende que Adepcoca es la única organización social influenciada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición. “Ambos actores se dedicaron a influir en el curso de acción de lo que iba a pasar en Adepcoca. En esa influencia (…) se cruza una dinámica que tiene que ver con el mercado. Ahí se complica el asunto, pues se dan intereses económicos dentro de sus afiliados”.

El historiador Juan Clavijo es tajante. La división “le sirve al MAS, pues el objetivo del oficialismo es separar”. Además, asume que el bloque opositor de Adepcoca es “contestatario”. “Hay dirigentes auténticos que defienden, pero hay otros improvisados que son puestos por el oficialismo. Al Gobierno le interesa tener un podercito paralelo”.

PARA LARGO Clavijo está convencido de que los conflictos en Villa Fátima se prolongarán. Entre el lunes y el viernes, la zona se convirtió en lugar de batalla, con dinamitas, petardos, gases lacrimógenos y más de una quincena de lesionados. Los movilizados denunciaron el uso excesivo de agentes químicos, mientras que la Policía reportó la utilización exacerbada de dinamita, incluso, muy cerca de una gasolinera, por parte de los cocaleros.

Ello, luego de que el bloque de Armin Lluta (que denunció presunta “tortura”) intentara tomar la sede, desconociendo a Alanes, quien este mes ganó las elecciones y fue reconocido por el Gobierno.

“En ese lugar, el MAS no tiene el apoyo que detenta en el Chapare. Sin embargo, en algún momento el Gobierno se impondrá. Es una pelea de largo tiempo. Los cocaleros de La Paz están bien plantados, pelearán por su federación. Eso costará vidas. Si Adepcoca tiene liderazgo, no le conviene (al Gobierno)”.

IMAGEN Para Arequipa, el conflicto suscitado durante la semana en Adepcoca no posee trascendencia internacional, pues se trata de un conflicto “localista”. “No le veo un alcance internacional. Tendrían que pasar más cosas, como haber fallecidos, por ejemplo. No es un conflicto de trascendencia nacional”.

No ha sido un hecho aislado el que vivieron tres trabajadores de la prensa, también en dicha crisis. Un periodista fue detenido y conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y dos fotógrafos se vieron perjudicados con la gasificación. Uno de ellos sufrió una lesión. Esto motivó el interés de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Arequipa considera que el Gobierno, mediante la viceministra de Educación, Gabriela Alcón, actuó “satisfactoriamente”. Cabe recordar que la autoridad se presentó en la FELCC y gestionó la liberación del comunicador detenido. “No es que la democracia esté muriendo con ese tema. Forma parte del conflicto, sin duda. El Gobierno respondió satisfactoriamente porque la Viceministra de Comunicación fue, y el Ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) dijo que se abrirían investigaciones”.

NUEVO MENSAJE Sobre la proyección internacional, Salazar ve que el Gobierno adquirió un “nuevo mensaje” en torno a la coca: la necesidad de erradicación. Por ello, entiende que la comunidad internacional no cuestionará los conflictos sociales sobre la hoja.

“El Gobierno debe mostrar una nueva imagen de cumplimiento de acuerdos internacionales, tiene que respetar la producción de las 22 mil hectáreas y necesita erradicar. La represión no le afecta en cuanto a valoración de derechos humanos porque va a decir: ‘estamos conteniendo a productores ilegales o al narcotráfico’. Todos saben que existe coca excedentaria”.

PASADO CALDEADO El encarcelamiento del opositor Franklin Gutiérrez durante el gobierno de Evo Morales, en 2018, marca uno de los elemento del conflicto. El cocalero fue acusado de “asesinato, tentativa de asesinato, atentados contra los servicios públicos, atentados contra los servicios de transporte, portación ilícita de armas e instigación pública a delinquir”.

El 28 de agosto de ese año, la Justicia determinó enviar al entonces ejecutivo de Adepcoca a San Pedro, bajo prisión preventiva, debido al deceso de un policía en La Asunta. El 14 de noviembre de 2019, apenas 48 horas del inicio del mandato de Jeanine Áñez, Gutiérrez fue liberado y se declaró como “preso político” del MAS.

La crisis en el sector occidental se dio tras la promulgación de la Ley General de la Coca 906, en 2017. Legalmente se permite 22 mil hectáreas de cultivos: casi 15 mil para Los Yungas y otros 8 mil para el Trópico. El control para la erradicación ha generado malestar. En 2019, afines al partido azul tomaron el centro sanitario de Adepcoca, lo que sucedió luego de que se concretaran elecciones en la entidad, que dieron como vencedora a Elena Flores, afín al MAS. En marzo de 2020, Flores resultó aprehendida por la toma.

Con la victoria de Luis Arce, un bloque tomó la sede en Villa Fátima. A partir de allí se recrudeció la pugna, con directorios desconocidos, marchas y choques.

La historia también apunta a la muerte. En julio de 2021, reportaron el deceso de un policía en Los Yungas, producto de un impacto de bala. Esto sucedió al calor de bloqueos. En 2019, hubo al menos cinco fallecidos por la tensión.