La creación del Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos, cuyo objetivo era prestar asistencia a personas que sufrieron persecución durante los 14 años que gobernó Evo Morales, le costó caro al exministro de Justicia Álvaro Coímbra.

El Gobierno de Luis Arce lo denunció por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, uso indebido de bienes y servicios, además de incumplimiento de deberes y la Justicia resolvió su detención preventiva en el penal de San Pedro por seis meses, que se suman a los más de cuatro que ya cumple en el mismo recinto penitenciario por el caso denominado golpe.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó ayer, según ABI, que después de dos suspensiones anteriores se realizó la audiencia en la que se denunció el uso del Comité, servidores públicos y bienes del Estado para cerrar casos y hacer injerencia en la Justicia.

Mencionó que entre los casos de presunto favorecimiento están el de Samuel Doria Medina en el proceso por el caso Focas, además de militares implicados en el caso Orbisat, entre otros. 

El Comité fue creado en diciembre de 2019 y, entonces, se había anunciado que su propósito era que exiliados políticos tengan la posibilidad de volver al país para enfrentar sus procesos judiciales con garantías.