Bolivia vivió 10 escándalos de corrupción y en la cúpula del poder político que mostraron en los estratos internacionales la profunda polarización y tensión que se arrastran desde 2019 y que se desplazan hasta este 2022.

La justicia está en la mira y alcanza a las gestiones que pasan por los expresidentes Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, además de su entorno.

1. MIRADA INTERNACIONAL El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se enfrascó en un lío con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. No le perdonó que haya advertido de serias irregularidades en el proceso electoral de 2019 y llevado a la anulación de las elecciones en las que Evo Morales ganó en primera vuelta.

La Unión Europea (UE) también fue acusada de haber formado parte de las jornadas de convulsión social y aseguró que su misión se centró en haber participado de la “mediación” a la crisis política de 2019 y 2020 en el país bajo el liderazgo de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y junto con las Naciones Unidas. Sectores sociales afines al MAS acusaron al organismo junto a los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Chile de haber “financiado” a grupos paramilitares, comités cívicos y otros.

Por otro lado, la decisión de apresar a exautoridades del país generó repercusiones a nivel internacional en cuanto al manejo de la justicia, principalmente. Se pronunciaron Human Rights Watch, la OEA, Amnistía Internacional y la Eurocámara.

También se fueron destapando relaciones bilaterales tensas con Ecuador por el préstamo de material antidisturbio por un valor equivalente a Bs 9 millones en la gestión de Lenín Moreno, así como Argentina por el contrabando de material bélico y con acusación contra el expresidente Mauricio Macri y su entorno. 

Con Chile también hubo un impasse por el encarcelamiento de tres militares como parte de la lucha contra el contrabando, en medio de un tiroteo que dejó un herido. Fueron acusados por presuntas víctimas de robo con intimidación.

2. AUTORIDADES REPROBADAS En abril, el exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo fue enviado a la cárcel por el caso soborno junto a otro exfuncionario. Ambos fueron acusados por cuatro delitos, luego de ser sorprendidos con $us 20.000 que sería parte de una coima para favorecer el saneamiento de tierras en Santa Cruz. En ese entonces, algunas organizaciones afines al MAS aseguraron que fue una trampa y apuntaron al entorno del expresidente Evo Morales. 

También fue apartado del viceministerio de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano a raíz de la publicación del mensaje “Si te muestras todita, peligras solita”, a través de las redes sociales, considerado machista, patriarcal y violento.

El ministro de Educación, Deportes y Culturas, Adrián Quelca, presentó su renuncia al cargo tras ser acusado por presunto tráfico de influencias en la designación de cargos directivos del sistema educativo. 

En noviembre, el embajador de Paraguay, Mario Cronenbold fue cesado de sus funciones por difundir un video en Tok Tok por el que fue declarado persona no grata. En las imágenes se le ve tomando un tereré (bebida tradicional) y cambiando de voz, lo que fue calificado como una afectación a la cultura guaraní.

En medio también surgieron denuncias de nepotismo en la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno.

3. ÁÑEZ, EL CASO GOLPE Y MÁS La expresidenta Jeanine Áñez no solo enfrenta procesos penales por el caso golpe y las masacres de Sacaba y Senkata, sino está en puertas de un juicio de responsabilidades. Tiene cuatro proposiciones acusatorias.

La situación de Áñez sigue generando controversia por la decisión de la Justicia de mantenerla encerrada ampliando las medidas cautelares y sumando otros procesos, en medio de negativas por su traslado a una clínica privada mientras sus familiares y diferentes organizaciones denuncian “graves atropellos”. Su salud se fue deteriorando al extremo que se provocó heridas, en medio de un cuadro de depresión grave. Recientemente afirmó ser víctima de agresiones y su hija Carolina Ribera emprendió una campaña internacional para denunciar esta y otras situaciones que amenazan la integridad de su madre.

Los procesos contra la expresidenta salpicaron a sus exministros que deben responder ante la justicia. Algunos se declararon en la clandestinidad, otros salieron del país y están también los prófugos y quienes tienen detención preventiva.

Militares y policías, que ocuparon altos cargos en la gestión de Jeanine Áñez, también fueron parte de los procesos por el caso golpe I y II, acusados de pedir la renuncia de Evo Morales y dirigir las masacres de Sacaba y Senkata, además del motín. Hay quienes están encarcelados y otros fueron dados de baja o se desconoce su paradero. Se activaron alertas migratorias y órdenes de aprehensión para su captura.

Se suman los procesos contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por participar de los conflictos de 2019. 

4. MURILLO Y SUS ARMAS El exministro de Gobierno Arturo Murillo suma al menos nueve procesos en Bolivia y actualmente está encarcelado en EEUU por delitos de soborno y lavado de dinero.

La Fiscalía boliviana lo acusa del presunto sobreprecio de casi $us 2 millones en la compra de material antidisturbio. También está difamación y calumnias por la acusación que hizo contra una mujer por el rapto de una bebé, la quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales, compra de 170 respiradores españoles con sobreprecio y más.

La exautoridad fue detenida en el país del norte el 22 de mayo después de su exjefe de Gabinete y hombre de confianza Rodrigo Méndez y los representantes de la empresa intermediaria para la compra de los gases, estos últimos que se declararon culpables y ya están libres. 

En Bolivia, cayó su exedecán, excuñados y su hermana que fueron enviados a la cárcel.

Murillo debe pagar una fianza para defenderse en libertad y decidió declararse “no culpable” por las denuncias que pesan en su contra, lo que retrasa su sentencia. En los próximos días se conocerá la fecha de la nueva audiencia de juicio tras la suspensión en más de cinco ocasiones por lo “complicado” de su caso. 

5. CONGRESO BOCHORNOSO Al menos tres conflictos se registraron en la Asamblea Legislativa Plurinacional entre los honorables del oficialismo y de la oposición. Hubo golpes de puño y arañazos y las sesiones se convirtieron en verdaderos “circos” con silbidos, gritos e insultos donde las intervenciones sirvieron para reproches, principalmente.

El primero fue durante la sesión de interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo que debía responder por la detención de Áñez.

La pelea entre el senador de Creemos Henry Montero y la diputada Tatiana Áñez contra los oficialistas Antonio Colque y Gloria Callizata.

En noviembre, el diputado del MAS Héctor Arce denunció a su colega de Creemos Tatiana Añez por arrañarle y golpearle mientras se desataba una trifulca en medio del informe de año de gestión del presidente Luis Arce. Ella dijo que recibió tres puñetes y una patada de Arce antes de reaccionar con violencia. El lío pasó a instancias judiciales.

También hubo gritos, pitos y carteles con mensajes alusivos a lo que se considera fraude electoral y golpe de Estado. La división se avivó por el carácter político del discurso y los ataques a la derecha.

6. VACUNAS VIP La pandemia de la COVID-19 relevó ciertos privilegios y abuso de poder, en medio de las limitaciones por las vacunas que estaban priorizadas para el sector salud y personas con enfermedades de base. Los registros mostraron que la hija del expresidente y líder del MAS, Evaliz Morales, recibió la dosis cuando no le correspondía en la Caja Bancaria y esto provocó el despido del gerente médico. La joven trabaja en la Dirección General de Defensa de Derechos Humanos y el Medio Ambiente de la Procuraduría General del Estado. También se denunció del abuso de su posición de poder o influencia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo por la vacunación VIP de su esposa y las hijas del fiscal General, Juan Lanchipa.

Por otro lado, está la denuncia contra un militar que trabajaba en el área administrativa y presionó junto a otro personal para que les administren la vacuna Sputnik V en el hospital de Cossmil en La Paz pese a que no eran parte del grupo de beneficiarios.

7. PROTESTAS Bolivia vivió jornadas conflictivas por las marchas y protestas de diferentes sectores de la población que iban dirigidas a reclamar por las nuevas normativas vigentes en el país. Es el caso de la Ley de Emergencia Sanitaria, contra la legitimación de ganancias ilícitas y del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). También se sumó la protesta por lo que se consideró persecución judicial contra miembros de la oposición y venganza del gobierno de Arce pidiendo una justifica independiente.

Los trabajadores en salud protagonizaron el paro médico que se extendió por más de dos semanas, en marzo, por la derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria que prohíbe los paros y permite la contratación de médicos extranjeros. El Gobierno les pidió sumarse a la elaboración del reglamento.

El paro multisectorial nacional terminó con la abrogación de la ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo después de nueve días de bloqueos, intervención policial y la muerte de una persona en Potosí, además de heridos y detenidos.

Entre tanto, la demanda de anulación de la Ley del PDES fue aplacada a través de la socialización de sus alcances con los sectores involucrados.

8. VIOLENCIA El secuestro de trabajadores de la prensa, policías y otros ciudadanos en medio de un conflicto por tierras en los precios de Las Londras donde estaban involucrados dirigentes afines al partido de Gobierno, el 28 de octubre, dejó serias críticas a la falta de respuesta para lograr una sanción. A casi un mes del hecho, hubo un solo detenido, acusado de liderar a un grupo armado y encapuchado identificado como interculturales.  

El principal sospechoso identificado por las víctimas logró huir en un vehículo y después denunció que fue agredido. Las críticas surgieron por la demora y la inacción de autoridades de Gobierno que negaron cualquier formación de grupos irregulares en el país. La oposición ve encubrimiento. 

Más antes, los productores de coca se enfrentaron por el manejo de su asociación en La Paz y en rechazo al traslado de su sede sindical. La rivalidad fue entre quienes se declararon afines al partido de Gobierno y los que reivindicaban su independencia y buscaban el respeto de su organización.

9. ZAPATA LIBRE La exnovia del expresidente Evo Morales, Gabriela Zapata, se encuentra con libertad condicional. La determinación del juez generó polémica en el país y cuestionaron que se diera el mismo día en que el líder del MAS junto a organizaciones sociales del país llevaran adelante la Marcha por la Patria y entraran a la ciudad de La Paz para reivindicar su defensa del Gobierno de Arce y el proceso democrático en el país.

Zapata fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2017 por uso de bienes y servicios públicos y ventajas ilegítimas. El tráfico de influencias se dio cuando era gerente comercial de la compañía china CAMC, que se había adjudicado contratos con el Estado boliviano por más de 500 millones de dólares, aprovechando su relación con Morales. En el proceso de investigación también se observó que su fortuna era de aproximadamente 50 millones de bolivianos.

Aún queda en duda si hubo alguna gestión de las partes para la reparación civil tomando en cuenta que se provocó un daño económico al Estado.

10. ÍTEMS FANTASMA Una denuncia por violencia económica y patrimonial destapó el caso de 800 ítems fantasma en la alcaldía de Santa Cruz por lo que el Gobierno interviene y el Movimiento Al Socialismo (MAS) se suma a la fiscalización.

A la fecha hay tres detenidos, entre ellos la exalcaldesa Angélica Sosa y dos exfuncionarios. La Policía activó el sello rojo a nivel internacional y logró retener el hermano de uno de los principales sospechosos en Panamá y se tramita su extradición.

Después de esto y tras la denuncia del exalcalde Jhonny Fernández aparecieron más víctimas, es decir personas que figuraban como trabajadores del municipio, pero no ejercían funciones, sin embargo, recibían un porcentaje (entre 300 y 500 bolivianos) del supuesto salario que oscilaba entre 2.000 y 5.000 bolivianos.

También develaron un acuerdo entre Percy y Jhonny a cambio de 600 ítems entre 2015 y 2020, pero todavía está en duda si el primero podrá defenderse. Sus familiares piden retirarlo del proceso porque no está en condiciones físicas ni mentales para hacerlo.

El caso que se destapó en el municipio cruceño salpicó a por lo menos nueve instituciones como la Caja Nacional de Salud, la Gobernación, la cooperativa de agua Saguapac, la financiera Jesús Nazareno, la Cámara de Diputados y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, entre otras.

Recientemente se supo que la hija de Sosa devolvió Bs 10.000 que cobró por dos meses de una pasantía. A su vez, profesionales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) llegó hasta la casa de Percy para una valoración médica.

Los “fantasma” llegaron no solo los ítems, sino también a contratos, becas y publicidad.