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A 20 meses de los comicios 2019 hay 10 informes y polémica sigue
La transparencia de las elecciones presidenciales anuladas continúa en duda. Las investigaciones del caso fraude son contradictorias.

A 20 meses de las elecciones presidenciales y la renuncia de Evo Morales, lo que derivó en una crisis política y social en Bolivia con muertes, las heridas vuelven a abrirse y la polarización en el país se hace más evidente.
El caso denominado fraude electoral fue cerrado por el Ministerio Público y los acusados sobreseídos. La determinación provocó la reacción en diferentes sectores que impugnaron la decisión y reactivaron las protestas pidiendo la reapertura del caso.
En todo este tiempo, se presentaron 10 documentos con los resultados de un trabajo hecho por expertos nacionales e internacionales, en busca de esclarecer lo que sucedió el 20 de octubre de 2019.
Son seis los informes internacionales que descartan la existencia de fraude, según ABI, y corresponden al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la Universidad de Salamanca de España, la Fundación Carolina, Center for Economic and Policy Research (CEPR), expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y The New York Times, que tuvo acceso a un trabajo de expertos independientes.
Del otro lado, están el documento de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la empresa auditora del proceso electoral, Ethical Hacking, de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y del ingeniero Édgar Villegas Alvarado y su equipo de investigadores.
1. El “Informe sobre irregularidades identificadas en las elecciones en Bolivia realizadas el 20 de octubre 2019” corresponde al ingeniero Édgar Villegas y su equipo de investigadores. En la parte informática, señala que hay diferencias entre el TREP y el cómputo oficial, que favorece al Movimiento Al Socialismo (MAS); manipulación de votos; y un cambio radical en los resultados después del corte del TREP.
2. El “Análisis de Integridad Electoral” de la OEA halló acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección; irregularidades graves que causaron serias vulneraciones en la integridad del proceso electoral; equivocaciones o negligencia sin indicios de intencionalidad, pero que pudieron facilitar acciones que potencialmente sí vulneraron al proceso electoral; y comportamientos anormales.
3. La Fundación Carolina, una institución del sistema español de acción exterior, en su análisis, firmado por la investigadora Natalia Saltalamacchia Ziccardi y titulado “La OEA en la elección presidencial de Bolivia: problemas de credibilidad”, establece que “la acelerada descalificación de los resultados preliminares y oficiales por parte de la MOE (Misión de Observación Electoral) se basó en buena medida en un ejercicio estadístico que, como se ha mostrado, da lugar a mucha discusión”.
4. El CEPR, institución estadounidense, desvirtúa las irregularidades presentadas por la OEA como evidencia de una supuesta alteración dolosa del resultado de las elecciones. Entre sus principales conclusiones sobre la auditoría de la OEA indica que “no proporciona claridad sobre la detención del TREP” y pone como ejemplo que omite indicar que, durante la interrupción, la empresa auditora investigó el servidor ‘no autorizado’ y determinó que no se habían alterado ni manipulado los datos electorales”.
5. En un artículo titulado “Bolivia descartó sus elecciones de octubre como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar un fraude” y publicada por The Washington Post, se destacó la investigación independiente elaborada por John Curiel y Jack R. Williams, ambos del personal del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que no encontraron evidencia de ninguna anomalía.
“Encontramos una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados antes y después del corte en los recintos contados. Hay poca diferencia observable entre los distritos, lo que sugiere que no hubo irregularidades significativas”, se lee en el artículo.
6. El periódico estadounidense The New York Times publicó la nota “Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración”.
El texto se basa en la investigación de expertos independientes. En su contenido afirma: “Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos. Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane.
7. En una publicación titulada “Análisis del informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia” y elaborada por el CELAG se concluye que el informe de la OEA, “ya sea por incapacidad técnica o por dolo, incurre en debilidades manifiestas”.
8. Ethical Hacking identificó seis alteraciones al código fuente, detallados con fecha y hora, antes, durante y después el proceso electoral y concluyó que no se podía dar fe de los resultados electorales por la gran cantidad de errores, manipulaciones y fallas del proceso electoral tanto en lo procedimental, técnico y metodológico.
9. El informe de la empresa Geotec, da cuenta de la lentitud en la replicación de los servidores y que la lista de electores contenía a ciudadanos inhabilitados y depurados. A su vez, señala que se cortó el internet en la oficina donde estaban los 350 verificadores de actas y que recibió la instrucción de ex vocales del TSE de suspender el TREP y la presencia de un servidor externo, que es “lo menos normal que puede ser y lo más desastroso”.
10. El Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), fue encargado de la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones. El trabajo fue encargado por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021. En el documento, se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados.