Cuando parecía que el año podía terminar sin casos sobresalientes, se desbarató una supuesta red en la estatal petrolera, que amenaza con tocar incluso a su presidente

La empresa estatal inició un proceso penal contra Selva Camacho y Ever Terán, ambos exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), junto a otras cuatro personas particulares a las que se acusa de conformar un clan familiar que se benefició de adjudicaciones de contratos de comunicación y publicidad, cuyo daño oscila entre los 2,5 y 3 millones de bolivianos.

Tras ser detenida, el 11 de diciembre, Selva Camacho lanzó fuertes acusaciones contra el presidente de YPFB, Carlos Villegas. Denunció que Villegas cometió hechos de corrupción, además de que la habría acosado sexualmente en varias oportunidades.

Inmediatamente, el Gobierno salió en defensa del presidente de YPFB. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que Carlos Villegas es una persona impecable e intachable, con lo que descartó las denuncias de presunto acoso e irregularidades acusadas por la exencargada de comunicación de YPFB, Selva Camacho.

"El presidente de YPFB es un presidente impecable, intachable, nosotros no tenemos ninguna duda sobre Carlos Villegas, este es un hecho de corrupción que se ha cometido en el área de la comunicación corporativa y entonces es ahí", manifestó Quintana desde el departamento de Santa Cruz.

Por su parte, Villegas, a través de una nota de prensa de YPFB, señaló que en septiembre de este año ya interpuso una querella particular contra Camacho por los delitos de difamación e injurias.

A su turno, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, afirmó que es común que en una denuncia siempre haya otra contradenuncia, lo cual debe aclararse en el proceso de investigación. La autoridad dijo que su Ministerio no tiene ninguna denuncia contra Villegas.

ÍNDICE DE CORRUPCIÓN En 2014 Bolivia logró una leve mejora en la percepción de corrupción, pasando del puesto 106 al 103 en el más reciente ránking de la ONG Transparencia Internacional (TI). De un listado de 175 países, los que son considerados más transparentes o menos corruptos son Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, según el ránking global TI publicado a principios de diciembre pasado.

Una vez difundido el estudio, el Gobierno, a través de la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, rechazó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) difundido por Transparencia Internacional, debido a que se limita a tomar en cuenta la opinión de grupos reducidos, pese a que en el país se aplican acciones de transparencia que son mejor valorados por otros organismos internacionales, como Naciones Unidas.

En Latinoamérica, Venezuela y Paraguay son los países percibidos como más corruptos, mientras que Uruguay y Chile son vistos como los más transparentes.

Uruguay y Chile comparten la posición 21 de la clasificación global de 175 países, con 73 puntos (sobre un máximo de cien), seguidos por Puerto Rico (puesto 31, 63 puntos) y Costa Rica (puesto 47,54 puntos).

Les siguen, aunque ya por debajo del aprobado, Cuba (puesto 63.46 puntos), Brasil (puesto 69.43 puntos), El Salvador (puesto 80.39 puntos), Perú (puesto 85.38 puntos), Colombia y Panamá (ambas en el puesto 94.37 puntos), Bolivia y México (ambos en el puesto 103.35 puntos) y Argentina (puesto 107.34 puntos).

Justicia

Solo el 0.7 por ciento de los casos denunciados al Ministerio llegó a sentencia ejecutoriada

En un informe brindado en abril pasado, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que de 13.293 denuncias atendidas por esa institución estatal desde 2007, solo 88 casos (el 0.7 por ciento ) llegaron a sentencia ejecutoriada.

Suxo dijo que esta situación se logró luego de un proceso lleno de dificultades en el Órgano Judicial.

La Ministra lamentó el estancamiento de muchos procesos que fueron derivados por su cartera al Ministerio Público. Por esta razón, dijo, presentaron varias denuncias contra jueces y fiscales.

“Tiene que ver con el Ministerio Público y con el Órgano Judicial. Hay casos que debieron haberse resuelto en 60 días, y ha llevado más de mil días y no hay una respuesta, por eso hemos denunciado a jueces y a fiscales porque hemos constatado con documentación y con pruebas”, apuntó.

Puso como ejemplos los casos Papelbol y Barcazas, por los que su despachó inició una denuncia contra el fiscal y el juez de la causa.

En el mismo informe, Suxo dijo que el Ministerio de Transparencia logró recuperar 894 millones de bolivianos, que fueron depositados a cuentas del Tesoro General del Estado (TGE), procedentes de boletas de garantía, hechos de corrupción y anotación preventiva de bienes muebles e inmuebles.

En la tercera reunión del Consejo Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que se realizó en junio pasado, se identificó a la retardación de justicia y a los consorcios de abogados como los principales problemas para que las denuncias de casos de corrupción no tengan una sentencia condenatoria.