La vivienda como derecho humano
07 de abril de 2019 (19:56 h.)
El crecimiento acelerado de los centros urbanos en el mundo ha provocado que millones de seres humanos vivan carentes de un lugar donde habitar con las mínimas condiciones de comodidad. Familias enteras deambulan por las calles de las grandes metrópolis, sin que las autoridades sean capaces de encontrar soluciones para mitigar la angustia de personas privadas de un derecho básico como es el derecho a la vivienda.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, proclamó: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…). El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a su vez, señala: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados (…), instrumentos que han sido ratificados por la mayoría de los países del mundo, pero pocos han mostrado un genuino interés por resolver el problema dotando de vivienda adecuada con condiciones básicas de habitabilidad a quienes carecen de ella. Los planes y programas de vivienda social, las más de las veces, no responden a las necesidades de la gente, toda vez que en su diseño y planificación los/as interesados/as son los grandes ausentes; prevalecen los intereses de financieros, políticos y de empresas de construcción e inmobiliarias.
En Bolivia, la CPE reconoce el derecho de toda persona a un hábitat y vivienda adecuadas que dignifiquen la vida familiar y comunitaria y obliga al Estado a impulsar planes de vivienda social. No obstante la disposición constitucional y los recursos económicos con los que cuenta el Estado, son muy pocos los planes de vivienda ejecutados y dotados a los que verdaderamente necesitan. Como todo lo que se hace con recursos públicos, las viviendas construidas, además de la mala calidad, la deficiencia de los servicios públicos y el costo de las mismas, son utilizadas únicamente como parte de la propaganda gubernamental y la prebenda en favor de grupos afines al oficialismo. Las mujeres pobres, jefas de hogar, no tienen ni la más remota posibilidad de acceder a una vivienda dotada por el Estado.
En esta etapa, bueno sería que los aspirantes a la Presidencia se comprometan a reconocer el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental, inherente a la dignidad humana y exigible ante tribunales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, proclamó: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…). El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a su vez, señala: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados (…), instrumentos que han sido ratificados por la mayoría de los países del mundo, pero pocos han mostrado un genuino interés por resolver el problema dotando de vivienda adecuada con condiciones básicas de habitabilidad a quienes carecen de ella. Los planes y programas de vivienda social, las más de las veces, no responden a las necesidades de la gente, toda vez que en su diseño y planificación los/as interesados/as son los grandes ausentes; prevalecen los intereses de financieros, políticos y de empresas de construcción e inmobiliarias.
En Bolivia, la CPE reconoce el derecho de toda persona a un hábitat y vivienda adecuadas que dignifiquen la vida familiar y comunitaria y obliga al Estado a impulsar planes de vivienda social. No obstante la disposición constitucional y los recursos económicos con los que cuenta el Estado, son muy pocos los planes de vivienda ejecutados y dotados a los que verdaderamente necesitan. Como todo lo que se hace con recursos públicos, las viviendas construidas, además de la mala calidad, la deficiencia de los servicios públicos y el costo de las mismas, son utilizadas únicamente como parte de la propaganda gubernamental y la prebenda en favor de grupos afines al oficialismo. Las mujeres pobres, jefas de hogar, no tienen ni la más remota posibilidad de acceder a una vivienda dotada por el Estado.
En esta etapa, bueno sería que los aspirantes a la Presidencia se comprometan a reconocer el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental, inherente a la dignidad humana y exigible ante tribunales.