El fenómeno de expansión urbana constituye un conflicto superlativo en las ciudades, sin discriminar su pertenencia a países desarrollados o en proceso de desarrollo.

Bolivia no escapa a esta dinámica. Su crecimiento urbano no es equitativo con el desarrollo eficiente al interior de sus municipios, ni a la presencia de planes que regulen condiciones de habitabilidad para los ciudadanos. Esta falta de coherencia incide en el constante mantenimiento de servicios e infraestructuras; mejoramiento de la apropiación de espacios de alto valor ambiental y recarga acuífera; prevención a la invasión de suelos con alta capacidad productiva o preservación natural; y ocupación indiscriminada del patrimonio histórico. En síntesis, el fenómeno se produce a partir de un limitado proceso de planificación de usos y ocupación del suelo, reglas injustas del mercado, políticas impositivas desiguales y superposición de intervenciones por parte de las entidades gubernamentales.

La estructura administrativa territorial debe establecer principios básicos de acción inscritos en un plan de ordenamiento espacial que determine límites de crecimiento urbano, modelos de uso de suelo y relación entre condiciones de autonomía y correspondencia intermunicipal. Determinar el impacto de las tendencias demográficas sobre el medioambiente urbano y suburbano para proyectar a mediano y largo plazo acciones administrativas y de política municipal. Equilibrar la localización de una población periférica con la dotación de empleo, en un modelo urbano ambiental que fomente las estrategias ciudadanas dentro de programas de planificación. Es ineludible la implementación de un plan maestro territorial que considere el centro histórico y su entorno inmediato como objetivo fundamental para el tratamiento integral de áreas históricas, acentuando la responsabilidad para el resguardo, preservación y rehabilitación del patrimonio ambiental y edificado, mediante el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria de los habitantes.

Es imperativo formular el establecimiento de una política del suelo y de edificación con clara proyección social y en beneficio del soporte físico, así como la orientación hacia el establecimiento de un cuerpo normativo de racionalización en la ocupación del suelo y manejo del espacio público.