Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 19 de noviembre de 2019
  • Actualizado 05:07

La otra cara de justicia tributaria

La otra cara de justicia tributaria
Las cuatro palabras más repetidas cuando uno habla de impuestos en redes sociales son: empresas, grandes, deben, Sunat. Pero la justicia tributaria tiene otra ‘cara’ que todavía se conoce muy poco. Y hay que visibilizarla, porque hay mucho que cambiar.

Quizá el caso más conocido de esta ‘otra cara’ es el de la periodista Rosa María Palacios, contra quien la Sunat inició una cobranza coactiva por el total de una deuda en el 2014, luego de que la periodista hubiese tramitado el fraccionamiento de esa misma deuda. Pero como este, muchos más casos afectan a individuos, y varios no tienen que ver con la Sunat, sino con las municipalidades.

En una reciente investigación de Contribuyentes por Respeto, se analizaron casos como los de los contribuyentes Percy Pajares, Jean Pierre Nadal, Libertad Melgar y Carlos Amaro. Casos donde quizá los montos en juego no lleguen a ser noticia, pero cuyas arbitrariedades impactan en miles.

En estos casos hay varios comunes denominadores. Los contribuyentes reclamaron por arbitrios mal calculados municipalmente (según criterios del Tribunal Constitucional); el Tribunal Fiscal –al revisar lo hecho por las municipalidades– se negó a aplicar los criterios del TC, argumentando que hacerlo implicaba hacer un análisis constitucional para el que no era competente (llamado ‘control difuso’); y el caso se conoció hasta en tres instancias del Poder Judicial (PJ), porque el MEF y los municipios siempre apelaron.

En los cuatro casos, el PJ ya ha dado la razón a los contribuyentes en todas las instancias resueltas hasta ahora, ordenando al Tribunal Fiscal que revise el caso, y afirmando que hacerlo no implicaría un ‘control difuso’.

Lamentablemente, aun cuando estos contribuyentes ganen sus casos, en ningún escenario les devolverán el dinero.

Según el TC, “no cabría la devolución de lo pagado, porque la magnitud de la devolución crearía un caos financiero y administrativo que afectaría la prestación de los servicios municipales”. Así como lo oye. La casa siempre gana.

¿Cómo romper este círculo vicioso? Difícilmente se solucionará a través de nuevas sentencias. Necesitamos una ley que (i) establezca limitaciones para que los procuradores del Estado puedan apelar indefinidamente en el PJ, y también para que puedan siquiera llevar los casos al PJ cuando la instancia administrativa da la razón al contribuyente; (ii) precise que los precedentes vinculantes de la Corte Suprema también se aplican a la administración; (iii) elimine la excepción de costas y costos para el Estado, a fin de que pague los costos de los procesos que pierda; (iv) declare que el Estado debe devolver la plata mal cobrada por arbitrios; y, (v) precise que hacer cumplir sentencias del TC no es hacer control difuso.

Quien se anime a promoverla se anotará un gol de media cancha frente a miles de contribuyentes.