En marzo pasado, Trump firmó una Orden Ejecutiva en la que se establece la reorganización de varias instituciones, entre ellas la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), para “una mayor eficiencia, eficacia y responsabilidad”. Este 1 de octubre, entró en vigor el año fiscal 2018 en EEUU (octubre 2017 - septiembre 2018) y se prevé que la USAID dispondrá en 2018 únicamente del 60 por ciento del presupuesto que tuvo en el año fiscal 2017. Andrew Natsios, exdirector de USAID, calificó como “desastre a largo plazo” la decisión de recortar presupuesto. La prensa hegemónica postula que este recorte tendrá consecuencias importantes para América Latina y demuestra el desinterés de Trump por la región.

La alarma sobre la posible desaparición de la USAID corrió gracias a la filtración de un documento por parte de Foreign Policy, donde se establecía el nuevo presupuesto, advirtiendo que los recortes para América Latina alcanzarían el 100 por ciento en programas de ayuda para el desarrollo, ayuda humanitaria y militar, incluso, para algunos países como Cuba, Brasil, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Esta alarma con respecto a lo que podría implicar la ausencia de la USAID da cuenta del desconocimiento sobre la trayectoria de injerencia de esta agencia en cuestiones políticas, así como sus implicancias en asuntos de seguridad interna y la reproducción de una matriz de dependencia en materia de asistencia para el desarrollo. En este sentido, es fundamental apuntar que, junto con el recorte, Trump propone que las prioridades de USAID sean política exterior y geoestrategia, dejando a un lado la asistencia para el desarrollo –a menos que esté orientada a la política de seguridad nacional estadounidense. Este aparente “cambio de funciones” no es tal, pues la USAID, desde su creación, opera muy vinculada a cuestiones de seguridad como parte de la estrategia de asistencia “para el desarrollo”.

Dado que no existen datos aun para el año fiscal 2017 que nos permitan saber el presupuesto total asignado a los países de América Latina y el Caribe, los cálculos hechos respecto a la asistencia se basan en los de 2016. En ese año fiscal, los países que recibieron mayor financiamiento fueron Haití, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú y México. En estos países, EEUU tiene principalmente proyectos referentes a la lucha al narcotráfico y reformas judiciales, control fronterizo, asistencia para el desarrollo, bases militares y contención de la migración. Estos proyectos se insertan en el esquema de la “guerra contra las drogas” institucionalizada en el Plan Colombia, Iniciativa Mérida e Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica (CARSI), que han generado múltiples controversias y críticas en cuanto a su aplicación, debido entre otras cuestiones, a la marcada militarización, el aumento de la violencia, el sistemático abuso a los derechos humanos y el quiebre del tejido social.

La USAID era la que hasta ahora manejaba aproximadamente el 80 por ciento de los recursos de EEUU para América Latina en asistencia para el desarrollo, pero no es la única. Entre las instituciones que tienen presencia en la región se encuentran los departamentos de Agricultura, de Estado, el de Energía, los Cuerpos de Paz, Comercio y Desarrollo, Justicia, Tesoro, del Interior, así como el Homeland Security.

Como mencionábamos, el documento filtrado por Foreign Policy derivó en varios análisis que afirman que la USAID se retiraría de algunos países de la región. Sin embargo, ya iniciado el año fiscal 2018 y publicadas las asignaciones de recursos, es importante considerar lo que aprobó el Congreso estadounidense. Si bien el recorte es claro, no hubo tal salida de la USAID y demás instituciones (...).

(Tomado de www.celag.org)