La noticia de que una niña de 12 años llegó a un servicio de salud público con complicaciones de parto, dio a luz un feto muerto y entró en estado de coma, golpeó a la opinión pública, provocando diversas reacciones. Las primeras reflejadas en el tratamiento de la información en los medios de comunicación, que se deshace en descripciones lamentables del “cuerpecito” del feto; pero que no se detienen a proyectar ninguna empatía con la niña, con el via crucis que se encuentra detrás de su historia de violencia sexual, probablemente de parte de una persona del ambiente familiar más cercano, obligada a llevar por varios meses un embarazo no deseado y cuya vida se encuentra en riesgo

Ojalá se tratara de un hecho aislado; al contrario, los medios nos ayudan a constatar que se trata de un fenómeno recurrente, como ejemplo, en los últimos dos meses, solo en Cochabamba se registraron ocho casos de niñas embarazadas, que fueron violadas por personas del entorno familiar o por sus propios familiares. En los primeros meses del año, se registraron 1007 embarazos en niñas menores de 14 años, productos de violación

Como estos, muchos más en el país, que ponen en cuestión la respuesta del Estado, representado por las defensorías de la niñez o los servicios de salud, que deben resguardar la salud integral, física y mental de las niñas violadas, asegurar que se respeten sus derechos, ofrecer inmediatamente servicios de interrupción legal de embarazo, como lo prevé nuestra normativa y particularmente la sentencia constitucional 206. Sin embargo, encontramos que representantes estatales, médicos, funcionarios y operadores de justicia, incumplen procedimientos y protocolos establecidos para la atención oportuna a las víctimas, se toman atribuciones violando sus derechos y forzando a las niñas a llevar a término los embarazos

La Convención contra la Tortura define el embarazo forzado como un trato especialmente severo, intencional y que produce dolor y sufrimiento graves en la persona, cometida o tolerada por un agente del Estado, una forma de trato cruel, inhumano y degradante. En Bolivia, el 9 de agosto se conmemora el “Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes”, es una oportunidad para visibilizar la problemática y preguntarnos si hacemos lo suficiente para proteger a nuestras niñas, prevenir la violencia sexual y sancionar a los predadores.