Medios a medias
18 de junio de 2019 (20:43 h.)
Una vez más nos sorprende la escalada de feminicidio y violencia reportados por el Ministerio Público. 56 desde que inició el año, cada uno con mayor crueldad y saña que el otro.
Los medios de comunicación bombardean a la ciudadanía difundiendo las cifras y buscando a especialistas que puedan ayudar a descifrar lo que está pasando en la sociedad y que propongan soluciones para detener la masacre de mujeres, más de una centena cada año.
Está claro que contar con un marco normativo abundante y robusto es fundamental y necesario, sin embargo, insuficiente.
Resulta una verdad de Perogrullo que donde menos se avanzó en la implementación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es en la prevención.
El Ministerio de Educación debía liderizar iniciativas para incluir en la currícula escolar contenidos “despatriarcalizadores” que cuestionen la estructura de nuestra sociedad, que cambien paulatinamente los valores machistas que refuerzan y reproducen conductas violentas contra las mujeres, que rompan la distribución tradicional de roles y le otorgue autonomías las niñas, adolescentes y mujeres.
El Ministerio de Comunicación debía desarrollar estrategias sostenidas de comunicación, mensajes con imágenes positivas de las mujeres en diferentes espacios, que contribuyan a rechazar la violencia, asignando los mismos recursos que asigna a la publicidad de otros temas estratégicos para el desarrollo nacional. Adicionalmente, los medios de comunicación debían destinar espacios gratuitos para difundir mensajes que promuevan los valores establecidos en la ley. Ningún avance.
Por ello resulta un contrasentido, que mientras nos preguntamos qué más podemos hacer para detener la violencia, se haya aprobado una ley que elimina la obligatoriedad de los medios a difundir contenidos educativos previstos en esta y otras leyes de protección de la violencia contra niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, entre otras.
Muchos medios no cumplían la ley y los que sí, lo hacían mal o a medias. ¿Si no lo hacían cuando era obligatorio, creemos de verdad que lo harán voluntariamente? Permítanme dudar.
Esta medida desacertada deja claro que en tiempos electorales y si se trata de ganar favores con los medios, los derechos de las mujeres se convierten en moneda de cambio.
Los medios de comunicación bombardean a la ciudadanía difundiendo las cifras y buscando a especialistas que puedan ayudar a descifrar lo que está pasando en la sociedad y que propongan soluciones para detener la masacre de mujeres, más de una centena cada año.
Está claro que contar con un marco normativo abundante y robusto es fundamental y necesario, sin embargo, insuficiente.
Resulta una verdad de Perogrullo que donde menos se avanzó en la implementación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es en la prevención.
El Ministerio de Educación debía liderizar iniciativas para incluir en la currícula escolar contenidos “despatriarcalizadores” que cuestionen la estructura de nuestra sociedad, que cambien paulatinamente los valores machistas que refuerzan y reproducen conductas violentas contra las mujeres, que rompan la distribución tradicional de roles y le otorgue autonomías las niñas, adolescentes y mujeres.
El Ministerio de Comunicación debía desarrollar estrategias sostenidas de comunicación, mensajes con imágenes positivas de las mujeres en diferentes espacios, que contribuyan a rechazar la violencia, asignando los mismos recursos que asigna a la publicidad de otros temas estratégicos para el desarrollo nacional. Adicionalmente, los medios de comunicación debían destinar espacios gratuitos para difundir mensajes que promuevan los valores establecidos en la ley. Ningún avance.
Por ello resulta un contrasentido, que mientras nos preguntamos qué más podemos hacer para detener la violencia, se haya aprobado una ley que elimina la obligatoriedad de los medios a difundir contenidos educativos previstos en esta y otras leyes de protección de la violencia contra niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, entre otras.
Muchos medios no cumplían la ley y los que sí, lo hacían mal o a medias. ¿Si no lo hacían cuando era obligatorio, creemos de verdad que lo harán voluntariamente? Permítanme dudar.
Esta medida desacertada deja claro que en tiempos electorales y si se trata de ganar favores con los medios, los derechos de las mujeres se convierten en moneda de cambio.