La medicina cura, la ilegalidad mata
10 de febrero de 2019 (18:27 h.)
La semana pasada, el Gobierno presentó la Política Nacional de Competitividad y Productividad, un trabajo multisectorial y participativo que el Ejecutivo viene desarrollando para impulsar un país con un crecimiento sostenido a mediano plazo. Entre sus nueve objetivos prioritarios están mejorar el ambiente de negocios y la institucionalidad. Es decir, impulsar la simplificación administrativa, perfeccionar los instrumentos de desarrollo productivo y asociatividad y fortalecer tanto la institucionalidad del país como el servicio de administración de justicia. Esto último implica articular medidas que promuevan la integridad pública y faciliten la lucha contra la corrupción.
En esta ruta que se está trazando como política de Estado, quiero poner sobre la mesa un tema fundamental vinculado con ambos ejes mencionados: el problema de los medicamentos ilegales. Según la legislación peruana, son aquellos productos falsificados, adulterados, robados o que provienen del contrabando y de la venta de muestras médicas. Se estima que representan alrededor del 15 por ciento del mercado total de medicamentos, aunque no existe una cuantificación seria al respecto. Esto pese a que sus efectos en la salud y en la economía son altamente perjudiciales
En términos sanitarios, los medicamentos ilegales incrementan la morbilidad y la mortalidad, producen resistencia a los aditivos antimicrobianos y minan la confianza de los actores del sistema de salud. En cuanto al impacto económico, afectan la rentabilidad y capacidad de generar empleo de sus competidores formales, invaden el mercado con productos inservibles, dan pie a exámenes o tratamientos adicionales, reducen los ingresos del Estado y afectan el desarrollo de nuevos tratamientos.
Actualmente, las barreras de entrada al mercado formal de medicamentos son muy altas, con exceso de trámites y lenta aprobación. Además, el débil sistema de control y vigilancia, con penas poco efectivas y acciones descoordinadas entre las autoridades, impide enfrentar eficazmente a los actores ilegales y desarticular sus cadenas logísticas.
¿Qué acciones debe tomar el Gobierno, en el marco de la política presentada, para combatir el ingreso y la venta de medicamentos ilegales en el país? Hoy, la escasez de productos farmacéuticos y dispositivos médicos lleva a que uno de cada dos pacientes que acude a los establecimientos públicos no reciba la terapia indicada y deba comprar sus medicamentos en boticas o farmacias privadas. En consecuencia, hay que mejorar el sistema de abastecimiento en los establecimientos del Estado. Ello requiere usar tecnologías de la información para articular y automatizar los procesos, mejorar las estimaciones identificando la demanda real de las personas, disminuir tiempos y, sobre todo, dotar de transparencia y predictibilidad a las acciones.
Mejorar la cobertura de farmacias y boticas formales en ciudades pequeñas y zonas urbano-marginales de las grandes urbes puede ayudar a evitar que los proveedores ilegales sigan expandiéndose.
También se debe lograr un marco regulatorio eficaz y eficiente que reduzca el exceso de trámites innecesarios. Estos, lo único que logran es disminuir la presencia de empresas formales y su competencia. Complementariamente, las instituciones que combaten a los ilegales e informales deben ser fortalecidas.
Tomado de El Comercio
En esta ruta que se está trazando como política de Estado, quiero poner sobre la mesa un tema fundamental vinculado con ambos ejes mencionados: el problema de los medicamentos ilegales. Según la legislación peruana, son aquellos productos falsificados, adulterados, robados o que provienen del contrabando y de la venta de muestras médicas. Se estima que representan alrededor del 15 por ciento del mercado total de medicamentos, aunque no existe una cuantificación seria al respecto. Esto pese a que sus efectos en la salud y en la economía son altamente perjudiciales
En términos sanitarios, los medicamentos ilegales incrementan la morbilidad y la mortalidad, producen resistencia a los aditivos antimicrobianos y minan la confianza de los actores del sistema de salud. En cuanto al impacto económico, afectan la rentabilidad y capacidad de generar empleo de sus competidores formales, invaden el mercado con productos inservibles, dan pie a exámenes o tratamientos adicionales, reducen los ingresos del Estado y afectan el desarrollo de nuevos tratamientos.
Actualmente, las barreras de entrada al mercado formal de medicamentos son muy altas, con exceso de trámites y lenta aprobación. Además, el débil sistema de control y vigilancia, con penas poco efectivas y acciones descoordinadas entre las autoridades, impide enfrentar eficazmente a los actores ilegales y desarticular sus cadenas logísticas.
¿Qué acciones debe tomar el Gobierno, en el marco de la política presentada, para combatir el ingreso y la venta de medicamentos ilegales en el país? Hoy, la escasez de productos farmacéuticos y dispositivos médicos lleva a que uno de cada dos pacientes que acude a los establecimientos públicos no reciba la terapia indicada y deba comprar sus medicamentos en boticas o farmacias privadas. En consecuencia, hay que mejorar el sistema de abastecimiento en los establecimientos del Estado. Ello requiere usar tecnologías de la información para articular y automatizar los procesos, mejorar las estimaciones identificando la demanda real de las personas, disminuir tiempos y, sobre todo, dotar de transparencia y predictibilidad a las acciones.
Mejorar la cobertura de farmacias y boticas formales en ciudades pequeñas y zonas urbano-marginales de las grandes urbes puede ayudar a evitar que los proveedores ilegales sigan expandiéndose.
También se debe lograr un marco regulatorio eficaz y eficiente que reduzca el exceso de trámites innecesarios. Estos, lo único que logran es disminuir la presencia de empresas formales y su competencia. Complementariamente, las instituciones que combaten a los ilegales e informales deben ser fortalecidas.
Tomado de El Comercio