El fallo de la Corte Suprema que igualó la homofobia al racismo y la tipificó como delito penal contrarió al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien unas semanas atrás había criticado al tribunal por pretender "legislar" sobre ese asunto.

En un fallo considerado "histórico" por colectivos homosexuales, el Supremo añadió a Brasil a la lista de 42 países que hasta ahora consideraban como delito penal toda forma de homofobia, de acuerdo a un reciente informe publicado por la Asociación Internacional de Lésbicas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Ilga).

La sentencia fue "aplaudida" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un mensaje en Twitter recordó que "las personas LGBTI están expuestas a violencia y discriminación" y que "los Estados tienen el deber de garantizar su protección".

Sin embargo, el fallo fue abiertamente en contra de Bolsonaro y de las iglesias evangelistas, que tienen una creciente influencia en Brasil y constituyen una fuerte base política para el Gobierno del líder de la ultraderecha que triunfó en las urnas el año pasado.

Hace dos semanas, cuando el Supremo ya insinuaba la decisión que finalmente adoptó por clara mayoría, Bolsonaro se había adelantado y comentado el asunto en tono crítico durante un encuentro de pastores evangelistas.

"Están discutiendo si la homofobia puede ser tipificada como racismo. Disculpe Corte Suprema, que yo respeto y jamás atacaría a otro poder, pero, al parecer, están legislando", declaró Bolsonaro.

"El Estado es laico, pero yo soy cristiano", dijo el Mandatario, quien aseguró que "todos" tienen una religión o no, pero que aún así en una sociedad debe primar "el respeto", sin "mezclar a la Justicia con la religión", lo que le valió una ovación de los pastores.

El gobernante no reaccionó inmediatamente después de la sentencia del Supremo, pero sí lo hizo uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien afirmó que el tribunal "legisla al equiparar la homofobia al racismo", cuando debería "entender que no legislar también es una forma de respetar la voluntad de la población".

El diputado garantizó que "un proyecto de ley en esos términos jamás sería aprobado en el Congreso" y afirmó que "estamos en la era del activismo judicial", para agregar que se debe "regular eso".

La sentencia del Supremo, sin embargo, así como criminalizó la homofobia, también declaró la "omisión" del Parlamento frente a una "discriminación" y un "odio" que llevan a que al menos una persona sea asesinada en Brasil cada día por causa de su orientación sexual.

Esa "omisión" fue explicada por el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, quien afirmó que el Parlamento "ha tenido más de 30 años, desde la promulgación de la Constitución de 1988", para debatir sobre el asunto, pero "aún no ha decidido nada" y, para peor, mantiene archivados decenas de proyectos de ley sobre esa cuestión.

Así como el hijo del Mandatario, muchos adeptos del llamado "bolsonarismo" se expresaron sobre el fallo en las redes sociales y entre ellos figuraron hasta funcionarios del Gobierno.