En días pasados, vimos en la prensa al Ministro de Justicia expresar su molestia por una decisión judicial de detención preventiva a una mujer señalada como presunta autora del envenenamiento de un perro de su vecina, medida a la que calificó como “irracional e inconcebible”. Consideramos correcta la apreciación del Ministro porque, si bien es reprochable y merece una sanción el maltrato a los animales, esta no necesariamente debe ser la privación de libertad. Para adoptar la extrema medida, la juez tenía que evaluar si enviar a la cárcel a la imputada era la respuesta adecuada al ilícito, más al tratarse de una mujer de edad avanzada y conocer que las cárceles se hallan sobrepobladas hasta convertirse en lugares de tortura para condenados/as y detenidos/as preventivos de los/as que aún no se tiene certeza sobre su culpabilidad.

La legislación prevé la detención preventiva como un recurso último al que debe echar mano la autoridad encargada de juzgar cuando existen elementos suficientes para creer que la persona imputada es autor/a o participe de un delito, que no se someterá a un proceso u obstaculizará el desarrollo del mismo. Sin embargo de ello, los/as jueces con gran ligereza y, dependiendo sobre todo de qué presiones caen sobre ellos/as (sociales, políticas, económicas u otras), disponen la privación de libertad en cualquier centro penitenciario a su alcance.

Lo que llama la atención es que este ímpetu por enviar a la cárcel a toda persona imputada no funciona por igual con todos/as, pues se conocen de casos gravísimos en los que existen suficientes elementos que demuestran la autoría del/la imputado/a, las posibilidades evidentes de que no se someterá al juicio, que se burlará de la justicia y, sobre todo, que será un peligro para la(s) víctima(s) y, los/as mismos jueces rigurosos para enviar a la cárcel por delitos menores, generosamente conceden el beneficio de libertad provisional, al extremo que se han dado casos en los que inclusive se ha autorizado a que viva en la casa que ocupa su(s) víctima (s).

Este uso irracional y abuso de la detención preventiva en el país ha sido reiteradamente observado por organismos de Derechos Humanos de la ONU y la OEA, los que han llamado la atención al Estado y recomendado que tome medidas para su restricción, debiendo privilegiar sobre cualquier otras menos gravosas.

Se dice que con las reformas que se tramitan en el Parlamento, la situación cambiará. Es de esperar que así sea y acaben las irracionalidades de la justicia.