Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 22 de septiembre de 2019
  • Actualizado 02:16

Consulta previa

Sabemos que con el concepto de “previo” nos referimos a una preparación a algo, involucra una acción antes de realizar un determinado propósito. Lanzaron una Ley de Consulta Previa, que significa, para una mayoría, por no decir para la totalidad, de quienes habitamos este país, que a futuro se consultará a las comunidades antes de cualquier intromisión en su territorio de origen y comunitario. A nuestro modesto entender esa ley significa que en un futuro tendrá que consultarse a los originarios si desean que ingrese una perforadora de pozo petrolero, un camino o la construcción de una posta sanitaria, antes de firmar los contratos pertinentes y realizar la obra. Por el momento la crisis producida, por la transnacional OAS, en el trazo caminero hacia San Ignacio de Moxos, atravesando el parque Isiboro Sécure, no requiere ninguna “consulta previa” porque no da lugar a esa figura ni siquiera en el ámbito jurídico donde el oficialismo legaliza lo que no lo es y aun más: da legalidad a lo ilegítimo. Causa pavor escuchar a todos los fieles devotos que elevan sus coros a favor de una consulta previa cuando todo está determinado desde sus orígenes, es decir desde la negociación con la transnacional OAS que pretende extender las fronteras brasileñas hasta dentro nuestro territorio y al que nuestros gobernantes autodenominados le hacen el trabajo fácil. No es de extrañar, porque un gobierno que convierte al país en un estado laico pero practica rituales andinos introduciendo el rito de la k’oa a pleno palacio de Gobierno. Aprendimos desde la escuela que la distancia más corta entre dos puntos es la recta, OAS la aplica en la construcción de su carretera dividiendo el parque natural mencionado sin importarle el medio ambiente o la vida, a futuro, de la humanidad. La Ley de Consulta Previa no es pertinente en el caso de la carretera por el TIPNIS que llegará solamente hasta San Ignacio de Moxos donde se atorarán productos y pasajeros, sin llegar a la capital beniana, aunque sea una carretera añorada por años, que debía ser trazada respetando el parque, la utilidad económica y la geopolítica priman en este asunto antes que los intereses de los verdaderos originarios de esa zona, obedientes a los intereses de neocolonizadores del siglo XXI muy ligados a la producción de coca excedentaria. Tarde serán los lamentos y la historia, como de costumbre, juzgará esta acción después de varios lustros, cuando el futuro sufra las consecuencias de acciones irresponsables y comprometidas con intereses de países poderosos en nuestra América mestiza.