Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 22 de septiembre de 2019
  • Actualizado 10:37

DESDE EL CUARTO PROPIO

Borrar con el codo la Ley 1173

Borrar con el codo la Ley 1173
El pasado mes de mayo, diferentes organizaciones de mujeres e instituciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, celebraron la promulgación de la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal, porque se planteaban medidas para corregir algunos problemas del Sistema Judicial en el país, particularmente, en la agilización de los procesos penales, así como restricciones al uso discrecional de la detención preventiva.
La Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra aprobando una ley modificatoria (415) que anularía un avance de la ley 1173, por el que declaraba improcedente la detención preventiva en casos de mujeres embarazadas, que dan de lactar, o que tienen bajo su cuidado exclusivo a menores de 6 años, personas adultas mayores, o dependientes, ampliando la restricción a delitos de narcotráfico. Esta modificación impactaría negativamente sobre sectores vulnerables de la población, particularmente de mujeres pobres dejándolas en mayor desprotección. 
Bolivia tiene la segunda tasa de prisionización de mujeres de América Latina con el 7.98 por ciento sobre el total de la población carcelaria, dato que se encuentra por encima del promedio de 5 por ciento . La Dirección General de Régimen Penitenciario reportó a mayo de 2019, que el 13,97 por ciento de personas privadas de libertad fue procesada por delitos relacionados al régimen de sustancias controladas, siendo el segundo grupo de delitos de la población carcelaria.
De continuar en esta línea, la aprobación contravendría las garantías del debido proceso, resultaría una medida regresiva y violatoria del principio de protección del interés superior del niño y niña, incluido en la Constitución Política del Estado, en el Código Niña Adolescente, y estaría en franca contradicción con las recomendaciones de instancias internacionales de derechos humanos. 
Las organizaciones de derechos humanos de las mujeres en el país han manifestado su preocupación y expresado rechazo a la modificación de la norma, y se han declarado alertas para denunciar una regresión que se ensaña con las mujeres, que por condiciones de pobreza se ven involucradas en delitos de narcotráfico; pero que no contribuirá a la persecución de los grandes delincuentes y narcotraficantes que continúan eludiendo la justicia.