Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 24 de septiembre de 2022
  • Actualizado 15:21

LA CRISIS DE OCTUBRE DE 2003 ABRIÓ LA PUERTA AL CAMBIO DEL ESTADO Y DE ALGUNA MANERA A CONDICIONES FAVORABLES PARA LA SOCIEDAD. HOY EXISTE MAYOR INCLUSIÓN DE INDÍGENAS Y CAMPESINOS

Guerra del gas eclipsó partidos y estabilizó la economía del país

Guerra del gas eclipsó partidos y estabilizó la economía del país



Tras una década de las jornadas sangrientas de septiembre y octubre de 2003, el mapa político partidista, el escenario económico de bonanza económica, reformas constitucionales y la estructura social inclusiva dieron pasos de transformaciones importantes, aunque también se observa un poder hegemónico prorroguista del gobierno de Evo Morales.

Y es que la denominada “guerra del gas” ha marcado un hito histórico y ha dado un nuevo rumbo del país.

Aunque el analista Hugo Moldiz considera que no cabe el término de “prorroguista ni hegemónico”, cree que es una atribución democrática del pueblo decidir en las urnas a sus gobernantes y el tiempo que deben estar. Además destacó los grandes avances revolucionarios en menos de la mitad de lo que duró todo el periodo de partidos tradicionales al frente de Bolivia.

Más crítico es uno de los artífices de la denominada “guerra del gas”, el entonces secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Felipe Quispe El Mallku, quien considera que Evo Morales se aprovechó del movimiento que tumbó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, para “adueñarse” de todos los poderes (órganos) del Estado, privilegiar a su entorno “neoliberal” y buscar su “eternización” en el poder.

Pero sin duda, los criterios coincidentes de los analistas y politólogos como Carlos Cordero, Gonzalo Rojas, Armando Álvarez, Hugo Moldiz apuntan a la inclusión social como uno de los hechos más fundamentales que catapultó las jornadas de octubre 2003. Consideran que con la presidencia del aimara Morales se logró abrir espacios a mujeres e indígenas en los espacios de poder, además del reconocimiento en otras esferas administrativas públicas. También resaltan los cambios en la nueva Constitución Política del Estado, aunque exigen su aplicabilidad.

En lo económico manifiestan que esta última década estuvo favorecida por el factor internacional de los buenos precios de los recursos extractivos. Aunque piden trabajar en las previsiones para diversificar la productividad y acelerar la industrialización.

En tanto, en lo político, a partir de la caída del Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) liderado por Sánchez de Lozada y toda su coalición gobernante de Nueva Fuerza Republicana (NFR) con Manfred Reyes Villa, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con Jaime Paz Zamora, marcó la debacle de los partidos tradicionales que actualmente apenas sus siglas existen y tienen un estigma de la decadencia.

En contrapartida se posesionó un único partido con la característica nacional: el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, y acompañaron los partidos regionales y al menos cuatro líneas opositoras dispersas sin un programa alternativo al actual régimen que ya ganó en seis diferentes elecciones (dos comicios generales, un referendo revocatorio, constituyente, gobernadores y municipales).

Moldiz afirma que el estallido social de octubre fue tan recio que, diez años más tarde, continúa transformando el Estado con grandes innovaciones.

Cordero manifesta que la “guerra del gas” instaló una agenda política que se ha cumplido relativamente y que sirvió de guía a la primera gestión de gobierno de Evo Morales, pero que ahora le exige cambios más profundos para adelante.

Como consecuencia de la agenda de octubre, se nacionalizó el gas y ahora la mitad de los ingresos del Estado proviene de esa vía.

En tanto que Álvarez señala que el rostro de la política cambió para siempre y ahora no se puede pensar en hacer política sin incluir a los indígenas, campesinos, jóvenes y pobres.

Estas son algunas consideraciones de analistas que evalúan después de una década de las jornadas sangrientas de septiembre y octubre de 2003 que derrocó al gobierno de Sánchez de Lozada con un saldo de 68 personas muertas y los más de 400 heridos.