Nueve organizaciones latinoamericanas presentaron Voces del Sur (VDS) y su plataforma regional con el objetivo de monitorear y reportar las agresiones en contra de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. El lanzamiento se realizó en la sede de Fundamedios en Quito, Ecuador, este miércoles 15 de enero.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, indicó que VDS busca defender la libertad de expresión y de prensa para construir sociedades justas y democráticas. “Latinoamérica es uno de los lugares más difíciles para ejercer el periodismo. Con Voces del Sur la prensa no está sola”, dijo el periodista.

Claudia Cadena, coordinadora regional de la iniciativa, explicó que la metodología y los indicadores que utilizan las organizaciones miembro sirven para evaluar la situación de los reporteros de la región cuando ejercen su labor. El trabajo de Voces del Sur observa el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 16 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que promueve sociedades justas e instituciones sólidas.

Desde Nicaragua, Guillermo Medrano, director de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, contó la situación que enfrenta la prensa de ese país. Recalcó que se “tiene un periodismo fuerte” y que los periodistas no han dejado de ejercer el oficio, a pesar de las agresiones y amenazas que han sufrido. 

Voces del Sur es un esfuerzo de nueve organizaciones de la sociedad civil con sede en nueves países latinoamericanos. En Ecuador con Fundamedios, en Perú y en Venezuela con el Instituto Prensa y Sociedad, en Argentina con el Foro de Periodismo Argentino, en Bolivia con la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, en Honduras con el Comité por la Libre Expresión, en Uruguay con el Centro de Archivos y Acceso a la Información, en Nicaragua con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y en Brasil con la Asociación de Periodismo de Investigación (Abraji).

Según las alertas reportadas por VDS, en 2019 se registraron 380 agresiones en contra de periodistas en Latinoamérica. De estas, se contabilizaron 7 asesinatos, 167 agresiones y ataques, 46 casos de uso abusivo del poder estatal, 31 detenciones arbitrarias, 39 negativas de acceso a la información, 36 procesos judiciales en contra de medios de comunicación y periodistas, 33 casos de discurso estigmatizante, 11 marcos jurídicos contrario a estándares y 10 restricciones en Internet.