Las protestas contra la política económica del Gobierno colombiano continuarán, enfocadas ahora en la oposición a la reforma de la salud, y con ese fin fue convocado para el próximo 5 de mayo un nuevo paro nacional, anunciaron este lunes los dirigentes sindicales.

"Consideramos el anuncio del retiro del proyecto de reforma tributaria como un triunfo de los millones de colombianos que se han movilizado y del apoyo mayoritario que la ciudadanía brindó al paro nacional", dijo en una rueda de prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.

El proyecto de reforma tributaria desató la indignación popular por la intención de subir los impuestos a la clase media y a quienes menos ganan, y de gravar con el IVA del 19 % los servicios públicos, y aunque el presidente Iván Duque retiró ayer esa iniciativa del Congreso, la tensión sigue en las calles donde los desórdenes han dejado al menos 16 muertos y más de 700 heridos, según la Defensoría de Pueblo.

"Sin embargo, con este anuncio no se desactiva la movilización. La gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria", agregó Maltés al leer un comunicado del Comité Nacional de Paro, que agrupa a diversas organizaciones sindicales y sociales.

En ese sentido, el Comité manifestó "su decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional", y anunció que una nueva jornada de protestas, inicialmente convocada para el 19 de mayo fue anticipada para este miércoles.

"Convocamos de nuevo a toda la ciudadanía para mantener e incrementar las acciones de paro nacional, y a realizar el próximo 5 de mayo una gran movilización democrática, pacífica y civilizada", agrega el comunicado leído por los líderes de la protesta.

Entre los objetivos de la nueva movilización están una negociación del Gobierno con el Comité Nacional de Paro para la retirada "del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una vacunación masiva" contra la covid-19.

Igualmente piden una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual (unos 240 dólares), defensa de la producción nacional, subsidios a las Mipymes, empleo con derechos, una política de soberanía y seguridad alimentaria, educación gratuita y la no alternancia educativa por la pandemia, entre otras medidas.

También reclaman "garantías y libertades democráticas a la movilización y la protesta", así como la "desmilitarización de las ciudades, el cese de las masacres y castigo a los responsables", además del desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo policial que interviene en las protestas y que arrastra numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos.

"El Gobierno nacional ha tenido la posibilidad de atender y resolver los reclamos de las grandes movilizaciones realizadas desde el 21N de 2019 y de los acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones, pero nunca se dispuso a instalar una mesa de negociación y concertación", denunciaron los líderes sindicales.