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  • Diario Digital | lunes, 01 de marzo de 2021
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Senado chileno se abre a indultar a los detenidos durante ola de protestas de 2019

Vista general del hemiciclo del Senado chileno. EFE
Vista general del hemiciclo del Senado chileno. EFE
Senado chileno se abre a indultar a los detenidos durante ola de protestas de 2019

Una comisión del Senado chileno aprobó ayer un proyecto de ley que busca conceder indultos a todos los detenidos durante la grave ola de protestas iniciada en octubre de 2019, pese a que el presidente Sebastián Piñera anunció que vetará la iniciativa en caso de aprobarse.

Con 3 votos a favor y 3 en contra, el proyecto de ley presentado por un grupo de senadores opositores deberá ser discutido también en las Comisiones de Seguridad y Constitución para continuar su trámite legislativo.

Con esta propuesta, argumentó la senadora demócrata-cristiana Yasna Provoste, "se abre una discusión indispensable" respecto a la situación de las personas detenidas, "en cuyos procesos se han demorado más de un año, sin que avancen mínimamente".

Por su parte, el senador del izquierdista Frente Amplio Juan Ignacio Latorre aseguró que el proyecto tiene "un carácter humanitario", enfatizando que "la respuesta a las personas que se movilizan no puede ser solo la cárcel".

Con uno de los votos en contra, el senador oficialista Iván Moreira argumentó que se trata de una iniciativa "grave y sesgada", cuyo objetivo "es darle impunidad a la izquierda y al lumpen donde se destruyó todo" durante el estallido social.

El proyecto de ley busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena a quienes hayan sido apresados desde el 7 de octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del documento, en el marco de protestas, concentraciones y manifestaciones, con excepción de procesados por delitos terroristas. 

Si bien la iniciativa parlamentaria reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son punibles en la legislación chilena, "se ha vivido un proceso distorsionado" en estos casos debido a "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales".

Diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, de familiares y también instituciones del Estado participaron en la Comisión de Derechos Humanos en las semanas previas a la votación.

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