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  • Diario Digital | lunes, 06 de diciembre de 2021
  • Actualizado 18:51

La represión en Nicaragua “nunca ha cesado”, según un informe avalado por la CIDH

Daniel Ortega en su discurso presentado en una pantalla ubicada en la avenida Bolívar. FOTO- EFE
Daniel Ortega en su discurso presentado en una pantalla ubicada en la avenida Bolívar. FOTO- EFE
La represión en Nicaragua “nunca ha cesado”, según un informe avalado por la CIDH

La represión gubernamental en Nicaragua “nunca ha cesado” desde mediados de 2018, cuando el presidente Daniel Ortega recurrió a ataques armados para silenciar protestas en su contra, según un informe presentado este martes en Managua y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con el informe, elaborado por el grupo interdisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, desde el 4 de julio de 2018 la represión gubernamental en Nicaragua ha producido 10.360 incidentes, entre los que se cuentan 410 asesinatos, mientras que unas 3.511 personas han sufrido detención arbitraria, 4.147 han recibido amenazas y 2.437 han sido agredidas.

“La represión nunca ha cesado. Sin embargo, es cíclica y se acentúa en fechas claves”, señaló en sus conclusiones el grupo Monitoreo Azul y Blanco, cuyos integrantes reciben denuncias y elaboran reportes, a veces de forma clandestina, para organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.

La comisionada y relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, calificó el trabajo del grupo de monitoreo como “fundamental”, especialmente después de que los delegados del organismo, incluyendo al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), fueron expulsados del país centroamericano, a fines de 2018.

“Tenemos un Estado que no nos responde a las solicitudes de información, que para nosotros también es muy importante que el Estado nos dé información, no lo hace, y por lo tanto adquiere mayor relevancia la labor de la información independiente, y desde esa perspectiva el monitoreo para nuestro trabajo es fundamental”, explicó Urrejola.

CRECEN RIESGOS Como ejemplo de que la represión ha continuado, el grupo Monitoreo Azul y Blanco afirmó que las posibilidades de que una persona sea asesinada actualmente en la zona norte de Nicaragua, donde hay una alta concentración de campesinos, han aumentado en un 17% respecto al segundo semestre de 2018.

También destacó que las probabilidades de recibir hostigamiento en el primer semestre de 2020 crecieron un 41.5% con respecto al segundo semestre de 2018, aunque las comparaciones de esos mismos periodos indican que las posibilidades de sufrir detención arbitraria bajaron un 15%, debido a las críticas que ha recibido Ortega por esta práctica.

El informe sostuvo que, “si bien los perpetradores han sido diversos, se identifica con más frecuencia a la policía, paramilitares, sistema penitenciario y Poder Judicial. Esto varía según zona geográfica, período y tipo de incidente”.

“Por ejemplo, dentro del grupo de personas asesinadas, la probabilidad de ser asesinada por paramilitares es del 70% y por el Ejército del 36%, esto varía en el tiempo”, especificó el reporte.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, afirmó que “el informe nos sirve para reflexionar, porque esto que ocurrió en 2018, ocurrió en marzo de 2020, y está ocurriendo ahora”.

Hasta ahora la CIDH ha reconocido 328 muertos en los ataques armados contra las manifestaciones contra Ortega en 2018.

Ortega, quien ha dicho que se defendía de un intento de “golpe de Estado”, se niega a liberar de forma absoluta a más de 600 “presos políticos”, de los cuales, cerca de 100 permanecen encerrados y el resto tiene libertad condicional.

La violencia por razones políticas ha hecho que decenas de miles de opositores, defensores de los derechos humanos, y periodistas, hayan optado por el exilio desde el inicio de la crisis, en abril de 2018.

Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua está en marcha en la Organización de los Estados Americanos, por “rompimiento del orden constitucional”, que de ser aplicado, suspendería al país del organismo.