El presidente ruso, Vladímir Putin, obtuvo ayer el apoyo mayoritario de los rusos para seguir en el Kremlin más allá de 2024, en un plebiscito constitucional muy criticado por la falta de transparencia y las excepcionales condiciones sanitarias en las que se celebró debido a la pandemia de coronavirus.

Con el 63.5% de los votos escrutados, el 77.2% de los electores votó “sí” a las enmiendas constitucionales propuestas por Putin y el partido del Kremlin, según los datos preliminares de la Comisión Electoral Central (CEC).

El resultado del plebiscito es casi idéntico al de las elecciones presidenciales de 2018, cuando Putin obtuvo el respaldo del 76.69% de los electores.

PUTIN, SIN SUCESOR A LA VISTA Con esta victoria, Putin tiene las manos libres para ejercer otros dos mandatos presidenciales de seis años cada uno hasta 2036, lo que le convertiría en uno de los dirigentes que más tiempo permanece en el poder en los más de mil años de historia de Rusia.

Putin, que votó en su lugar habitual, la sede de la Academia de Ciencias en la Avenida Lenin, afirmó recientemente que aún no ha decidido si presentará su candidatura dentro de cuatro años, si bien afirmó que “hay que trabajar y no buscar sucesores”.

“Después de Putin vendrá Putin”, proclamó Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o Cámara de Diputados.

VOTOS ADELANTADOS En un caso sin precedentes, más de la mitad de los electores ejercieron su derecho al voto por adelantado, aprovechando que las autoridades abrieron los colegios con una semana de antelación, el 25 de junio, para evitar aglomeraciones y un posible rebrote de COVID-19.

Según la CEC, más de 50 millones de rusos acudieron a las urnas en los primeros seis días y sólo unos cuantos millones en la jornada grande de ayer, miércoles, mecanismo que la oposición consideró un caldo de cultivo para el fraude.

El Ministerio del Interior informó ayer de más de 800 denuncias de irregularidades, aunque agregó que ninguna tuvo entidad suficiente como para influir en los resultados electorales.

No es la opinión de la oposición y de organizaciones como Golos, que velan por los derechos de los electores. En su opinión, ni los observadores, ni los miembros independientes de las comisiones electorales pudieron controlar el desarrollo de la votación.

Militares, entre cuyas filas votó casi el 100% de sus miembros, según Defensa; sanitarios y profesores; funcionarios y trabajadores del metro y de la construcción; empleados de fábricas y de empresas con contratos estatales fueron todos obligados a votar, según la oposición y la prensa independiente.

Con todo, pese a las presiones y la propaganda soterrada en favor del “si”, la participación se quedó en el 65%.