Una propuesta que endurece las penas por los bloqueos de rutas desata un debate en Paraguay
20 de abril de 2022 (18:42 h.)
Un proyecto de ley que endurece las penas de cárcel por los bloqueos de rutas abrió este miércoles un debate en Paraguay, donde empresarios reclaman respeto al libre tránsito y las organizaciones sociales rechazan la criminalización de la protesta.
La iniciativa, impulsada por un grupo de senadores, prevé modificar el artículo 216 del Código Penal para imponer penas de prisión de "hasta seis años de cárcel" a quienes obstaculicen la libre circulación de personas y bienes por las rutas del país.
El proyecto, cuyo principal impulsor es el senador Enrique Riera, del oficialista Partido Colorado, se espera que sea debatido mañana por la Cámara Alta, semanas después de que el país viviera una serie de bloqueos y manifestaciones por el alza de los combustibles.
"Los habitantes de esta nación no podemos ser rehenes permanentes y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio de nuestro derecho a desplazarnos libremente", señalaron en un comunicado los gremios productivos.
Las agremiaciones, vinculadas a la producción, al sector rural, industrial, el comercio y los servicios, consideraron el proyecto de ley "un instrumento válido de política pública" y pidieron sea considerado por el poder Legislativo.
Otra es la posición de conductores, campesinos, indígenas y sintechos, que han expresado su oposición al denominado "proyecto Riera".
Para el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, lo que pretenden hacer "es elevar las penas a los efectos de coaccionar el espíritu de la gente para salir a protestar".
El dirigente, que este miércoles llegó al Congreso para presentar las peticiones de su sector y de conductores de otros servicios, indicó a Efe que ya "hay un ley que prohíbe el cierre de rutas".
Ferreira explicó que en esta jornada se reunió con el presidente del Senado, Óscar Salomón, para proponer que el Congreso apruebe una ley que permita a la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) adquirir de forma directa combustibles a sus pares de la región.
La disparada en los precios de los carburantes ha sido motivo de descontento para los gremios de camioneros y otros servicios privados, que en marzo pasado protagonizaron bloqueos y manifestaciones durante más de una semana en las principales rutas del país.
La iniciativa, impulsada por un grupo de senadores, prevé modificar el artículo 216 del Código Penal para imponer penas de prisión de "hasta seis años de cárcel" a quienes obstaculicen la libre circulación de personas y bienes por las rutas del país.
El proyecto, cuyo principal impulsor es el senador Enrique Riera, del oficialista Partido Colorado, se espera que sea debatido mañana por la Cámara Alta, semanas después de que el país viviera una serie de bloqueos y manifestaciones por el alza de los combustibles.
"Los habitantes de esta nación no podemos ser rehenes permanentes y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio de nuestro derecho a desplazarnos libremente", señalaron en un comunicado los gremios productivos.
Las agremiaciones, vinculadas a la producción, al sector rural, industrial, el comercio y los servicios, consideraron el proyecto de ley "un instrumento válido de política pública" y pidieron sea considerado por el poder Legislativo.
Otra es la posición de conductores, campesinos, indígenas y sintechos, que han expresado su oposición al denominado "proyecto Riera".
Para el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, lo que pretenden hacer "es elevar las penas a los efectos de coaccionar el espíritu de la gente para salir a protestar".
El dirigente, que este miércoles llegó al Congreso para presentar las peticiones de su sector y de conductores de otros servicios, indicó a Efe que ya "hay un ley que prohíbe el cierre de rutas".
Ferreira explicó que en esta jornada se reunió con el presidente del Senado, Óscar Salomón, para proponer que el Congreso apruebe una ley que permita a la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) adquirir de forma directa combustibles a sus pares de la región.
La disparada en los precios de los carburantes ha sido motivo de descontento para los gremios de camioneros y otros servicios privados, que en marzo pasado protagonizaron bloqueos y manifestaciones durante más de una semana en las principales rutas del país.
