Brasil registró entre enero y agosto de este año un déficit nominal en sus cuentas públicas de 785.103 millones de reales (140.200 millones de dólares), equivalente al 16.7% del PIB, mientras que la deuda sigue en niveles récord. Por otra parte, en Argentina, la pobreza volvió a crecer en el primer semestre del 2020 hasta alcanzar el 40.9% de la población, alrededor de 11.7 millones de personas. En ambos casos, los avances son ejemplos en toda la región, motivados por el desplome de la actividad económica durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus.

El panorama también es poco alentador en Honduras, donde la crisis desatada por la pandemia provocará una caída sin precedentes del PIB del 12%, engrosará la informalidad y empujará a miles de personas a la pobreza, por lo que el país requiere una estrategia integral que permita apoyar a los más desfavorecidos. El déficit, en Brasil, también triplicó con respecto al PIB, ya que en los primeros ocho meses del 2019 era equivalente al 5.89% y ahora asciende al 16.7% debido al fuerte descenso de la recaudación tributaria y del aumento de los gastos públicos en medio de la crisis del nuevo coronavirus.

En la Argentina la pandemia avanza pese a los esfuerzos gubernamentales. El virus irrumpió en apenas tres meses después de que el actual presidente, el peronista Alberto Fernández, asumiera las riendas del Ejecutivo con el principal propósito de acabar con la pobreza en el país suramericano, que atraviesa una recesión desde mediados del 2018 y está inmerso en una profunda espiral inflacionaria. Con la llegada del coronavirus, el Gobierno optó por priorizar la salud y el 20 de marzo instauró una rígida cuarentena en todo el país, cuando Argentina apenas contaba con un centenar de contagios de coronavirus, unas restricciones que siguen más o menos vigentes hasta el día de hoy.

En ese contexto de paro total entre abril y mayo, plasmado en un producto interior bruto (PIB) que se desplomó un 19.1% en el segundo trimestre y en un desempleo que trepó hasta el 13.1% en el mismo periodo, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas dedicadas a mitigar los efectos del confinamiento en los sectores más vulnerables. Una de las más destacables fue la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, una ayuda mensual de 125 dirigida a desempleados y trabajadores informales y que alcanza a unas 9 millones de personas.