Aunque la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya emitió el viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, este no es sino el primer paso en un proceso muy largo.

La Organización de las Naciones Unidas cree que hay evidencia suficiente para acusar del líder ruso de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, los problemas prácticos y logísticos para llevar adelante el caso son inmensos.

En la actualidad, el líder ruso disfruta de un poder indiscutible en su tierra natal, por lo que no hay perspectivas de que el Kremlin lo entregue a la CPI.

Mientras Putin permanezca en Rusia, no corre riesgo de ser arrestado.

Podría ser detenido si abandona el país. Pero, dado que su libertad de movimiento ya está severamente limitada por las sanciones internacionales en su contra, es poco probable que viaje a un país que quiera enjuiciarlo.

Hay al menos dos grandes obstáculos para ello. Primero, Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI.

La corte fue establecida en 2002 por un tratado conocido como el Estatuto de Roma.

Este estatuto establece que es el deber de todo estado ejercer su propia jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales.

La CPI solo puede intervenir cuando un estado no puede o no quiere llevar a cabo la investigación y enjuiciar a los perpetradores.

En total, 123 estados acordaron cumplirlo, pero hay algunas excepciones significativas, como es el caso de Rusia (y también de Estados Unidos).

Algunos países, incluido Ucrania, han firmado el tratado, pero no lo han ratificado. Por lo tanto, la posición legal no es muy firme.