La COVID-19 se hace muy larga, casi eterna, para los crematorios de Lima, que llevan tres meses incinerando fallecidos por la enfermedad de forma ininterrumpida, 24 horas diarias, siete días a la semana, pese a lo cual la acumulación de cuerpos es tan grande que la lista de espera llega a los tres días.

Protegidos de la cabeza a los pies, los denodados operarios de estos hornos son testigos de primera mano de la incidencia real de la pandemia en Perú, consolidado como uno de los epicentros del virus SARS-CoV-2 a nivel global.

Con más de 237.000 contagios, Perú está entre los diez países del mundo con más casos confirmados de la COVID-19 y es el segundo en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil. Los fallecidos ya superan los 7.000, pero los registros de los crematorios apuntan a que son muchos más, sobre todo en Lima, que concentra el 60 % de los casos.

"Solo nosotros debemos estar sobre las 6.000 cremaciones de fallecidos por la COVID-19", aseguró a Efe Roberto Gonzáles, director del Crematorio Piedrangel, uno de los más grandes de Lima, que tiene un convenio con el Estado para recoger e incinerar a los fallecidos por el coronavirus en la capital peruana.

Sus escalofriantes cifras parecen cuadrar con los funestos registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que revelan que, desde el inicio de la emergencia, hay más de 10.000 muertes sospechosas solo en Lima. Solo en mayo murieron cuatro veces más personas que en el mismo mes de años precedentes.

CREMACIONES AUMENTAN 550%

"Ni en la peor pesadilla pensamos que esto iba a suceder", afirmó Gonzáles, cuyo crematorio ha pasado de incinerar entre 10 y 15 cuerpos al día a tener que convertir en cenizas de 120 a 130 fallecidos diarios, un aumento del 550 %.

Esto le ha obligado a instalar raudamente cuatro hornos temporales a los tres que ya tenía en el cementerio Santa Rosa, de la Policía Nacional del Perú (PNP), y a pasar de un horario de incineración de 11:00 horas a 18:00 horas a otro de 24 horas, en tres intensos turnos de trabajo sin descanso.

El volumen de trabajo, sin embargo, sigue muy por encima de la capacidad de los crematorios, incluso después de que el Gobierno quitase en abril la obligación de incinerar a todos los que fallecían por la COVID-19 al percibir las primeras señales de colapso en los servicios funerarios.

Hasta ahora se sigue haciendo sin familiares, que se quedan sin poder despedirse de sus seres queridos. Se trata prácticamente de una cremación en cadena, donde cualquier contratiempo demora el ingreso del siguiente cuerpo y eso aumenta la espera de los que siguen en fila, y todo bajo un riguroso protocolo de seguridad.

Si el fallecido no tiene un seguro social o privado, la familia debe hacerse cargo del coste. En Lima hay dos crematorios públicos que cobran 1.650 soles (474 dólares) y cuatro privados cuyo precio oscila entre los 1.800 y 3.900 soles (entre 517 y 1.121 dólares), lo que es cuatro veces el salario mínimo vital, según advirtió en abril la Defensoría del Pueblo.

INCINERACIONES EN 40 MINUTOS

Tanto tiempo llevan los hornos al rojo vivo que han llegado a incinerar en tiempo récord. "No habíamos visto nunca que un cuerpo se cremara en 40 minutos. Imagínese el calor que hay ahí adentro", comentó Gonzáles.

El proceso acostumbraba a tomar hora y media y la temperatura que se alcanzaba era de unos 1.200 grados celsius, "pero ahora los pirómetros están a tope, por lo que la temperatura debe de ser incluso mayor", añadió el dueño, convencido que no hay ningún otro centro similar en Latinoamérica que concentre tantas cremaciones.

A pesar del tamaño y de sus siete hornos en constante actividad, está al borde del colapso, como reconoció Gonzáles, y por momentos se acumula gran cantidad de cuerpos esperando para ser incinerados.

HACEN FALTA MÁS HORNOS

"Deberíamos aumentar más (hornos) para que no haya esperas, pero ya no tenemos espacio", dijo el empresario, que lamentó no tener ahora disponible un crematorio que iba a construir para el Fondo de Sepelio de la Fuerza Aérea del Perú (Fosepfap), similar en tamaño al que tiene con la Policía.

Al respecto, el Fosepfap afirmó a la Agencia Efe que el convenio suscrito en 2012 para ese crematorio "fue resuelto" por contener presuntas irregularidades por parte del oficial que lo firmó en su momento, y que son materia de acción legal por tratarse de un terreno propiedad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

"La gente nos llama llorando y desesperada. No sabe cuándo se va a cremar su fallecido ni dónde está. También preguntan por qué demora tanto la entrega de las cenizas. Me parece inhumano y todo eso se puede evitar", relató Gonzáles.

Por ello, allá donde le dejen, está dispuesto a habilitar de manera temporal para esta contingencia más hornos. Cree que puede tenerlos listos en apenas 20 días.

Lo dice firmemente seguro de que esta dramática situación va a prolongarse en el tiempo, especialmente después de que la estricta cuarentena se haya flexibilizado tanto que la vida en la calle haya vuelto casi a la normalidad, lo que a larga aún puede hacer más eterna la emergencia para estos crematorios.