Tras el caso de la niña de tres años secuestrada y ultrajada por Juan Antonio Enríquez García, en Chiclayo, el presidente Pedro Castillo anunció que el Gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó el jefe del Estado, según señala un comunicado de prensa de la Presidencia de la República.

“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.

El mandatario indicó que la viabilidad de esta medida deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará de la aprobación del Congreso de la República para su legalidad, tal como ya se ha hecho en países como Rusia, Estados Unidos (siete estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, donde ya se aplica.