El Parlamento brasileño aprobó este jueves el presupuesto general para 2023, el primer año del nuevo mandato del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumirá el 1 de enero próximo con un fuerte compromiso social.

El presupuesto establece que el gasto estatal en 2023 se elevará a 5,34 billones de reales (unos 900.000 millones de dólares), de los cuales casi un 40 % estará reservado para compromisos y vencimientos de la deuda pública.

También prevé para el año próximo que la economía crecerá un 2,5 %, con una inflación del 4,5 %, y que el tipo de interés referencial se mantendrá en una media del 12,4 %, con una tasa de cambio de 5,12 reales por dólar.

Los presupuestos también contemplan un aumento del salario mínimo hasta los 1.230 reales (unos 233 dólares), lo que representa un alza de casi el 10 %, aunque en términos reales, descontada la inflación, la mejora llega apenas al 2,7 %.

Uno de los principales cambios en relación a los presupuestos de los últimos cuatro años es que elimina la potestad que tenían los legisladores de decidir sobre el destino de los recursos reservados a la inversión sin consultar con el Ejecutivo, mediante un mecanismo declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

De ese modo, la inversión pública será discutida por el Gobierno y el Parlamento, bajo parámetros que garanticen la transparencia.

También ha sido contemplada una medida aprobada esta misma semana por el Congreso, según la cual el dinero que el Gobierno dedicará a la asistencia de los más pobres quedará al margen de las normas fiscales que impiden aumentar el gasto anual por encima de la inflación del ejercicio anterior.

Esa medida liberará 145.000 millones de reales (unos 28.000 millones de dólares) para financiar un programa de subsidios con el que el Gobierno de Lula pretende aliviar la situación de quienes están en la pobreza, que según datos oficiales son 62,5 millones de los 213 millones de brasileños.