La Organización de Naciones Unidas (ONU) corroboró ayer que, en su intento por sofocar las protesta en Chile, el cuerpo policial de Carabineros violó varios derechos humanos de los manifestantes y reclamó que, ante la continuación del movimiento ciudadano en ese país, se ponga fin “al uso indiscriminado” de escopetas antidisturbios.

Una misión enviada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a Chile para investigar la violencia en torno a las manifestaciones presentó hoy las conclusiones de su trabajo, que confirma que hubo uso “excesivo o innecesario” de la fuerza que provocó lesiones y muertes.

Un total de 26 personas murieron en el contexto de las protestas y "en cuatro de esos casos estuvieron involucrados agentes del Estado", mientras que los heridos han sido unos 4.900, según cifras del Ministerio de Justicia.

Por su parte, Chile aseguró que “toma debida nota” del informe difundido por la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, pero alertó que “se han corroborado un gran número de noticias falsas” sobre violaciones a los derechos humanos que fueron descartadas por la Justicia.

“En algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso”, aseguró en un comunicado el Ejecutivo 

El mismo documento enfatizó lo siguiente: “la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”.

Otras violaciones que se constataron fueron torturas y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias, con un total de 28.000 personas que llegaron a pasar por lugares de detención y de las cuales 1.610 siguen privadas de su libertad.

“Carabineros ha incumplido de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y pacíficos”, lo que provocó que cargaran con todos sin distinguir entre ellos e incluso con transeúntes que nada tenían que ver con la protesta, según el informe de la ONU.

Según la Oficina de Derechos Humanos que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la gravedad de la situación se acentúa en vista de que ciertas violaciones ocurrieron de forma “recurrente en tiempo y en espacio”, en particular el mal uso de armas no mortales -en particular material antidisturbios y gases lacrimógenos- y maltratos en la detención.

El Ejecutivo chileno dijo que las detenciones fueron mayormente legales.