La llegada del coronavirus a Argentina pausó el mundo de los cerca de 10.000 menores que residen en los 800 centros de acogida del país.

No más salidas a la plaza, al parque o a la escuela, prohibido recibir más visitas... Hasta las terapias psicológicas que seguían algunos tuvieron que interrumpirse cuando la pandemia alteró de forma radical la situación de todos ellos.

EL CONFINAMIENTO DE LOS BEBÉS

"Para un pibe (niño) de año y medio, empezar a ver a su mamá por una pantallita de celular es sumamente angustiante", explica la directora de El Pequeño Hogar Mariposa, Valeria Leiva, en una entrevista con Efe. 

En el hogar viven 13 niños de entre cero y cinco años quienes, pese a su corta vida, han experimentado en su mayoría abusos o abandono. Ahora la pandemia ha interrumpido las visitas de familiares que recibían varias veces a la semana y las terapias que seguían.

Leiva explica que la mayoría de los niños son demasiado pequeños para poder realizar tareas educativas, terapia o comunicarse por videollamadas y, por ello, intentan suplir estos estímulos con música, títeres y otros juegos. 

Sin embargo, una de las mayores dificultades para ella es explicarles a los pequeños la incertidumbre que invade incluso a los adultos por el incierto desarrollo de la pandemia.

"Tenemos una mirada muy en contra del adultocentrismo, (...) pero hay conceptos muy difíciles de poner en palabras", se lamenta la directora del hogar.

EL ACCESO A INTERNET, CLAVE

En los centros en los que viven adolescentes, las cosas no son más sencillas y eso que la rápida reacción de las instituciones permitió enviar a muchos con sus familiares, con familias de acogida e incluso a las casas de los trabajadores, explica Dana Borzese, directora ejecutiva de la ONG Doncel.

Con estas medidas, se pretendía también aliviar la complicada situación de estas instalaciones en las que los menores pasan más tiempo que nunca por la cuarentena, pero hay menos personal para atenderlos, ya que los grupos de riesgo no pueden trabajar.

Para Borzese, es vital garantizar la conexión a internet, ya que esto permite a los jóvenes continuar su educación y seguir en contacto con su entorno.

Además, la directora ejecutiva lamenta que muchos jóvenes, que estaban próximos a salir de los centros para comenzar su vida adulta, ahora ven su egreso suspendido hasta que la situación se normalice, lo que les genera, como es natural, una creciente inquietud.

EL SISTEMA PENAL JUVENIL

Respecto a los jóvenes que cumplen sentencias judiciales en centros -la edad de imputabilidad penal en Argentina comienza a los 16 años-, la situación es mejor que la de las cárceles, donde el hacinamiento que sufren los presos desencadenó motines hace unas semanas, describe Nancy Fior, que coordina el programa de la Fundación SES en los centros del sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, sí que denuncia que las condiciones materiales de algunas instalaciones están muy deterioradas.

La reacción de la provincia de Buenos Aires- la más poblada del país- cuando el número de casos comenzó a elevarse fue enviar a parte de los menores a cumplir arresto domiciliario a sus casas y contratar personal para cubrir las bajas de los grupos de riesgo.

Asimismo, Fior explica que se flexibilizó el acceso a internet de los jóvenes para compensar que, mientras dure la pandemia, los internos no podrán recibir visitas.

En este contexto, el equipo que coordina Fior tuvo que cambiar la preparación de la segunda parte de sus talleres de formación, ya que implicaban tareas prácticas que ahora no se pueden realizar.

Los están sustituyendo por contenidos virtuales y guías para que sea el propio personal que trabaja en los centros quienes impartan la formación presencial apoyados a distancia por el equipo de la fundación.

Para la coordinadora del programa, el confinamiento visibiliza las “carencias” de la situación de los jóvenes y cree que lo más importante será reconstruir los lazos de los jóvenes con el entorno fuera del centro cuando todo termine.

EL FUTURO

Borzese cree que cuando termine la pandemia habrá que evaluar si medidas como la acogida familiar de los jóvenes han funcionado, ya que, por el contexto, la supervisión antes de enviar a los menores no fue todo lo exhaustiva que suele.

En esta línea, la directora ejecutiva de Doncel, que recauda fondos para ayudar a estos jóvenes durante la pandemia, opina que, al menos, el Estado se ha visto obligado a "poner la vista" en los centros.

También apuesta por el refuerzo de la función educativa de estas instituciones y una mayor preparación de los jóvenes para la vida cotidiana: cocina, orientación en la ciudad o lavar la ropa.

Estas ideas son secundadas por Fior, que asegura que hay que abordar el sistema penal juvenil con una “mirada socioeducativa” para reparar los fallos que la sociedad tuvo con los menores y ayudarles a empezar de nuevo.

Por su parte, Leiva defiende la necesidad de evitar los retrasos en la reunificación familiar de los menores o su adopción, ya que la ley establece que los niños pueden estar como máximo un año en los centros, pero el proceso se puede demorar en la práctica hasta tres años.

Para que estas propuestas sean analizadas, primero la pandemia debe dar tregua y, hasta entonces, los voluntarios y los equipos de los centros se unen para que, pese a que el mundo exterior pare, el de estos menores siga girando.