Al menos 727 privados de libertad se contagiaron y 23 murieron por COVID-19 en Ecuador
Las autoridades no han podido "contener el ingreso del virus en los centros de privación de libertad", donde hay contagios tanto entre presos como guardas.
19 de junio de 2020 (10:56 h.)
La ONG Alianza por los Derechos Humanos Ecuador (Inredh) denunció este viernes que la situación de contagios en los centros de privación de libertad del país es "crítica", y que 727 presos han enfermado y 23 personas han fallecido.
"El Estado ecuatoriano, desde la declaratoria de estado de excepción el 16 de marzo, no ha podido contener la crisis sanitaria que se ha expandido a todas las provincias del país (..) Dentro del sistema penitenciario, la actuación del Estado ha sido incluso peor", se queja la ONG en un comunicado difundido este viernes.
Y afirma que las autoridades no han podido "contener el ingreso del virus en los centros de privación de libertad", donde hay contagios tanto entre presos como guardas.
El centro más afectado es el CRS Ambato, unos 100 kilómetros al sur de Quito, donde alrededor del 70 % de personas privadas de libertad, de un total de 712 internos, se han contagiado del virus, un hecho que se conoce desde el 21 de mayo.
Pero la pandemia se ha propagado por otros muchos centros a pesar de las medidas de aislamiento adoptadas por la autoridad competente, la Secretaría Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores (SNAI), y la ONG menciona los de El Inca, en Quito, el CRS Cotopaxi-Sierra Centro Norte, en el de Turi, en Azuay, y el de Riobamba.
Inredh se queja de que pese a los datos ofrecidos, las alertas de la SNAI han sido "tardías" y que las notificaciones se han producido después de que ya existieran casos contagiados.
"Nos preocupa la poca transparencia en el tratamiento y difusión de la información oficial acerca de la situación real", destaca la ONG y recuerda que "la difusión de la información pública, de manera clara y veraz, es una obligación del Estado para sus ciudadanos".
También denuncia la aplicación de la prisión preventiva por violar la cuarentena vigente, pese a las recomendaciones de la CIDH y de la propia SNAI de revisar esa medida por las condiciones de la pandemia y los riesgos que supone el encarcelamiento, y que pese a la declaración de emergencia no se ha dispuesto ningún presupuesto especial para los centros de detención.
"No existe presupuesto asignado específicamente para la emergencia y solamente se ha podido extraer 26.300 dólares que se han sacado de otros rubros", señala el comunicado, que destaca que solo a través de "donaciones públicas y privadas" "se han recibido mascarillas, alcohol y kits de limpieza, y no para la totalidad de centros de rehabilitación".
Por todo ello, la ONG solicita al Ministerio de Salud que "actúe de manera urgente para detectar contagios entre la población penitenciaria, que practique pruebas PCR y brinde atención de salud inmediata, ininterrumpida y de calidad para precautelar la vida e integridad física de las personas privadas de libertad".
Además, exhorta a los operadores de justicia "a tomar en cuenta en sus decisiones sobre privación las recomendaciones dadas por los tratados internacionales y normas nacionales sobre la prisión preventiva".
"El Estado ecuatoriano, desde la declaratoria de estado de excepción el 16 de marzo, no ha podido contener la crisis sanitaria que se ha expandido a todas las provincias del país (..) Dentro del sistema penitenciario, la actuación del Estado ha sido incluso peor", se queja la ONG en un comunicado difundido este viernes.
Y afirma que las autoridades no han podido "contener el ingreso del virus en los centros de privación de libertad", donde hay contagios tanto entre presos como guardas.
El centro más afectado es el CRS Ambato, unos 100 kilómetros al sur de Quito, donde alrededor del 70 % de personas privadas de libertad, de un total de 712 internos, se han contagiado del virus, un hecho que se conoce desde el 21 de mayo.
Pero la pandemia se ha propagado por otros muchos centros a pesar de las medidas de aislamiento adoptadas por la autoridad competente, la Secretaría Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores (SNAI), y la ONG menciona los de El Inca, en Quito, el CRS Cotopaxi-Sierra Centro Norte, en el de Turi, en Azuay, y el de Riobamba.
Inredh se queja de que pese a los datos ofrecidos, las alertas de la SNAI han sido "tardías" y que las notificaciones se han producido después de que ya existieran casos contagiados.
"Nos preocupa la poca transparencia en el tratamiento y difusión de la información oficial acerca de la situación real", destaca la ONG y recuerda que "la difusión de la información pública, de manera clara y veraz, es una obligación del Estado para sus ciudadanos".
También denuncia la aplicación de la prisión preventiva por violar la cuarentena vigente, pese a las recomendaciones de la CIDH y de la propia SNAI de revisar esa medida por las condiciones de la pandemia y los riesgos que supone el encarcelamiento, y que pese a la declaración de emergencia no se ha dispuesto ningún presupuesto especial para los centros de detención.
"No existe presupuesto asignado específicamente para la emergencia y solamente se ha podido extraer 26.300 dólares que se han sacado de otros rubros", señala el comunicado, que destaca que solo a través de "donaciones públicas y privadas" "se han recibido mascarillas, alcohol y kits de limpieza, y no para la totalidad de centros de rehabilitación".
Por todo ello, la ONG solicita al Ministerio de Salud que "actúe de manera urgente para detectar contagios entre la población penitenciaria, que practique pruebas PCR y brinde atención de salud inmediata, ininterrumpida y de calidad para precautelar la vida e integridad física de las personas privadas de libertad".
Además, exhorta a los operadores de justicia "a tomar en cuenta en sus decisiones sobre privación las recomendaciones dadas por los tratados internacionales y normas nacionales sobre la prisión preventiva".
