Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 25 de enero de 2022
  • Actualizado 19:49

Latinoamérica sufre el más grave retroceso en Derechos Humamos

Este agravamiento se da en medio de la pandemia de la COVID-19 que ha supuesto para la región un desafío en todos los órdenes, según un documento publicado ayer.
Nicaragüenses en una protesta contra su gobierno cerca de la Embajada de Nicaragua, en San José (Costa Rica). EFE
Nicaragüenses en una protesta contra su gobierno cerca de la Embajada de Nicaragua, en San José (Costa Rica). EFE
Latinoamérica sufre el más grave retroceso en Derechos Humamos

Los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia "el más grave retroceso en décadas" en materia de derechos humanos en América Latina, señala la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2022, publicado este jueves.

Este agravamiento se da en medio de la pandemia de la COVID-19, que ha supuesto para la región un desafío en todos los órdenes, pero también ha significado para ciertos Gobiernos la oportunidad de implementar medidas arbitrarias, señala la organización pro derechos humanos en un apartado de su reporte anual titulado "América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas".

REPRESIÓN A MANIFESTANTES

Sobre Cuba, HRW expresa su preocupación por los "abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos" tras las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de julio.

SIN GARANTÍAS

En el caso de Nicaragua, HRW denuncia que las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre "se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas", después de que las autoridades detuvieran previamente a siete candidatos rivales del presidente y entonces aspirante a la reelección, Daniel Ortega, manteniendo a muchos de ellos "incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses".

CONTRA LOS MEDIOS

A su vez, HRW observa que los Gobiernos de El Salvador y México están llevando a cabo arremetidas antidemocráticas constantes contra los demás poderes del Estado y contra los medios de comunicación.

En El Salvador, la Administración de Nayib Bukele reemplazó a los jueces de la Corte Suprema. Los nuevos miembros del máximo órgano judicial decidieron que el mandatario podía postularse a una reelección consecutiva, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

Asimismo, el Gobierno propuso una ley de "agentes extranjeros" que puede limitar severamente la labor de periodistas independientes y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos desde el exterior.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en noviembre pasado un acuerdo que le da prioridad a obras que el Gobierno ha establecido como puntales en su Administración.

Esta medida, según el informe de HRW, hará que se expidan permisos para esas obras "automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos", quedando así "exentas de las reglas de transparencia" y haciendo más difícil la labor fiscalizadora de la prensa.

TOZUDEZ ANTISISTEMA

El informe de HRW también hace mención al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de quien dice que "ha amenazado al Gobierno democrático en Brasil al intentar socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial".

ABUSOS POLICIALES

Las protestas ocurridas en Colombia entre abril y julio del pasado dejaron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial, son también objeto de denuncia en el informe de Human Rights Watch, que llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno "aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial".

En Haití, según el informe, la connivencia con actores estatales hace que la rampante violencia de los cada vez más grandes grupos de pandillas castigue más a la población.

HRW señala en su reporte sobre América Latina que la inseguridad provocada por unas 95 bandas armadas ha causado el desalojo de sus hogares y desplazamiento de 19.100 personas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe en 2021.