El Gobierno y los indígenas ecuatorianos llegaron ayer a un acuerdo a través del cual se derogará el decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó la actual ola de protestas. 

“Se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto”, anunció el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, tras varias horas de diálogo entre las partes a las afueras de Quito. 

“Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país”, reza el texto que leyó Peral.

Anotó que el país está en “una situación grave, dramática desde hace doce días  Ha habido muertos, heridos, personas que han perdido su empleo, su entorno, que han sufrido por sus familias, muchísima angustia”. 

Calificó al acuerdo de “fantástico y extraordinario paso adelante” para Ecuador, que ha vivido once días de protestas, muchas de ellas violentas, que han dejado siete muertos, según la Defensoría del Pueblo. 

El jefe de Estado, Lenín Moreno, dijo solemnemente que el acuerdo ha significado “sin duda alguna sacrificio de cada una de las partes porque eso es un acuerdo, el ceder de parte y parte”.

Anotó que no existe “otro principio más maravilloso que la paz” y agradeció a los militares y policías porque sabe de la “sacrificada, esforzada labor que cumplen”.

De su lado, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, sostuvo que se debe respetar la Constitución, entre otros, en el campo de la consulta previa.

Enumeró que tuvieron más de 2.000 heridos, más de mil presos, alrededor de diez asesinados, más de cien desaparecidos en el país así como “tortura de las Fuerzas Armadas y de la Policías”. Pidió la renuncia de la ministra de Gobierno y del titular de Defensa para seguir dialogando.